Comparto mi intervención en el Pleno, donde expresé mi rechazo contundente a la decisión del Ejecutivo de fusionar el Ministerio del Ambiente con el de Energía y Minas.
Esta medida no es un simple ajuste burocrático; representa un grave retroceso para nuestra institucionalidad ambiental. Es, en términos sencillos, poner al "zorro a cargo del gallinero". Resulta ilógico y peligroso que la misma institución encargada de proteger los derechos de la naturaleza sea ahora la responsable de impulsar y aprobar proyectos extractivos.
Consecuencias graves para el país:
Aprovecho este espacio para extender mi profunda solidaridad a las comunidades de Palo Quemado y Las Pampas en la provincia de Cotopaxi, así como a los pueblos originarios de Las Naves en la provincia de Bolívar. Su resistencia frente a los embates extractivistas es un ejemplo.
Mi llamado a mis colegas asambleístas es directo: es momento de que los discursos en defensa de la vida se traduzcan en votos. El patrimonio natural de los ecuatorianos no está a la venta.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
