En mi reciente intervención en el Pleno, respaldé firmemente las acciones contra la minería ilegal, pero puse sobre la mesa una verdad incómoda: debemos dejar de vender la idea de que la minería a gran escala es nuestra salvación.
Durante el debate, evidencié las falacias argumentativas que intentan justificar el extractivismo. El primer gran mito es creer que la minería legal elimina a la ilegal. La realidad de nuestro sur nos demuestra lo contrario: en Zaruma y Portovelo vemos cómo ambas coexisten de manera destructiva. Los túneles clandestinos proliferan bajo las galerías formales, provocando colapsos estructurales que literalmente hunden nuestras ciudades y socavan nuestro patrimonio histórico.
Mito laboral y zonas grises:
No podemos seguir legislando con parches ni ignorando la realidad de nuestros territorios. Exhorté al Gobierno y a las instituciones del Estado a actuar con verdadera firmeza y no solo en el papel.
Exigimos acciones claras: Necesitamos fortalecer la presencia institucional en las zonas vulnerables, cumplir de manera estricta con la consulta previa, libre e informada, promover alternativas económicas locales y, sobre todo, garantizar la absoluta transparencia en la cadena de suministro del oro.
El Estado debe estar presente para proteger la vida, la naturaleza y la integridad de nuestras comunidades, no para ser cómplice silencioso de la destrucción.
Verónica Iñiguez es defensora del ambiente y activista de causas sociales desde hace más de una década. Su trayectoria se ha construido en la articulación entre conocimiento, compromiso social y acción política, con la convicción de que la academia debe participar activamente en la toma de decisiones públicas.
Es PhD en Manejo de la Biodiversidad por la Universidad de Kent (Reino Unido), Máster en Ciencias Ambientales por la Universidad de Zürich (Suiza), Especialista en Liderazgo, Cambio Climático y Ciudades por FLACSO Ecuador, e Ingeniera en Gestión Ambiental por la UTPL. Fue reconocida con el Premio Sacha, 4ta. Edición, Heroína Sacha Unidos, por su compromiso con la defensa de la naturaleza y los derechos de las comunidades.
Desde la política, impulsa una agenda orientada a #Legislar para la vida, promoviendo marcos normativos que fortalezcan la justicia social, la soberanía alimentaria, la resiliencia ecológica y la gobernanza democrática de los bienes comunes. Su propuesta se basa en el diálogo, la participación ciudadana y la construcción colectiva de soluciones para los desafíos sociales y ambientales del país.
