Hoy, durante el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico Monetario y Financiero, expresé mi respaldo a una iniciativa que considero fundamental para fortalecer la confianza de los ecuatorianos en nuestro sistema financiero y proteger de mejor manera el esfuerzo de quienes, con sacrificio, ahorran, emprenden, producen y generan empleo en el país.
Mi intervención partió de una reflexión sencilla, pero profundamente importante: la confianza es el pilar sobre el que se sostiene cualquier sistema financiero. Cada vez que un ciudadano deposita sus ahorros en una cooperativa o en un banco, solicita un crédito para hacer crecer su negocio o invierte en un proyecto productivo, está confiando en que existen reglas claras y un Estado que protege sus derechos. Esa confianza debe ser correspondida con instituciones sólidas y con un marco jurídico moderno, transparente y seguro.
Los ecuatorianos conocemos las consecuencias de perder esa confianza. El feriado bancario dejó una huella imborrable en la memoria del país y nos enseñó que cuando el sistema financiero falla, quienes más sufren son las familias, los pequeños productores, los emprendedores y quienes han dedicado años de trabajo para construir un patrimonio. Por eso, cada reforma que fortalezca nuestro sistema financiero debe ser analizada con responsabilidad y pensando siempre en el bienestar de la ciudadanía.
Este proyecto de ley avanza precisamente en esa dirección. Incorpora reformas que brindan mayor transparencia en las operaciones crediticias, establecen reglas más claras para el cálculo de los intereses de mora, fortalecen la protección de los ahorristas y depositantes, mejoran los mecanismos de supervisión y control, y modernizan el mercado de valores para generar nuevas oportunidades de financiamiento e inversión.
Uno de los aspectos que destaqué durante mi intervención fue la importancia de proteger al ciudadano frente a posibles abusos. La reforma prohíbe el cobro de intereses de mora sobre intereses ya generados u otros rubros distintos al capital pendiente de pago, incorpora mayores obligaciones de transparencia para que los usuarios conozcan con claridad las condiciones de sus créditos y fortalece las competencias de la Superintendencia de Bancos para vigilar el cumplimiento de estas disposiciones.
Asimismo, resalté las reformas que impulsan la modernización del mercado de valores, permitiendo una mayor participación de entidades financieras en la intermediación de títulos y facilitando que empresas y actores productivos accedan a nuevas alternativas de financiamiento. Esto no solo fortalece la competitividad del país, sino que también abre oportunidades para dinamizar la economía y promover el crecimiento.
También considero importante reconocer el amplio trabajo realizado por la Comisión, que construyó este informe mediante un proceso de diálogo técnico con autoridades, organismos de control, representantes del sistema financiero, gremios, expertos y organizaciones ciudadanas. Escuchar a quienes conocen la realidad del sector permite construir mejores leyes y brindar mayor seguridad jurídica tanto a los ciudadanos como a las instituciones.
Como representante de Manabí, llevé este debate a la realidad de nuestra provincia. Pensé en el agricultor que necesita un crédito para sembrar, en el pescador artesanal que invierte para mejorar su embarcación, en el comerciante que lucha por mantener abierto su negocio y en cada familia que deposita sus ahorros con la esperanza de construir un mejor futuro. Son ellos quienes deben sentir que las leyes que aprobamos desde la Asamblea Nacional responden a sus necesidades y protegen el fruto de su trabajo.
Estoy convencido de que fortalecer el sistema financiero no significa beneficiar únicamente a las instituciones financieras. Significa brindar mayor seguridad a los ciudadanos, proteger sus ahorros, fomentar un acceso más transparente al crédito, impulsar el emprendimiento y generar confianza para que la economía siga creciendo.
Continuaré respaldando iniciativas que fortalezcan la seguridad jurídica, promuevan la transparencia y coloquen siempre a las personas en el centro de las decisiones públicas, porque un Ecuador más fuerte también se construye con instituciones confiables y con leyes que protejan el esfuerzo de millones de ecuatorianos.
El economista Mario Amado Zambrano, Asambleísta por Manabí de la bancada ADN, actualmente es miembro de Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Nacional. En su vida política trasciende su trabajo por los estudiantes y los jóvenes a nivel nacional al ser expresidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador (FEUPE). De su formación académica, es economista por la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en gestión de proyectos en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona.
