Este lunes 24 de agosto dimos un paso firme en la lucha contra el crimen organizado. Desde la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobamos, con ocho votos, el informe para primer debate de la denominada Ley Antimafias, iniciativa presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
Esta propuesta busca fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales del Estado para prevenir, investigar y sancionar a las organizaciones criminales. Pero también apunta a algo fundamental: debilitar sus fuentes de financiamiento, su infraestructura, su control territorial y los medios logísticos que les permiten mantenerse operativas.
No basta con capturar a quienes integran estas estructuras. Debemos golpear su capacidad económica, proteger la administración de justicia, reducir los riesgos procesales y garantizar una adecuada conservación y gestión de los bienes vinculados con actividades delictivas.
El proyecto articula la actuación de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, delimitando competencias y responsabilidades para que el Estado responda de manera coordinada. Sus principales ejes son la capacidad operativa de las organizaciones criminales, el control territorial, la integridad de la justicia, la gestión patrimonial, la venta anticipada de bienes y la extinción de dominio.
La propuesta contiene 23 artículos: 21 reforman el Código Orgánico Integral Penal y dos modifican la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Incluye, además, una disposición general y tres disposiciones transitorias.
El crimen organizado no apareció durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa; pero este Gobierno sí ha tomado la decisión de enfrentarlo con firmeza y valentía. Desde la Asamblea Nacional continuaremos construyendo las herramientas legales necesarias para recuperar la seguridad, proteger a las familias ecuatorianas y fortalecer la capacidad del Estado frente a las mafias.
Este lunes 24 de agosto dimos un paso firme en la lucha contra el crimen organizado. Desde la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral aprobamos, con ocho votos, el informe para primer debate de la denominada Ley Antimafias, iniciativa presentada por la presidenta de la Asamblea Nacional, Mishel Mancheno.
Esta propuesta busca fortalecer las herramientas jurídicas e institucionales del Estado para prevenir, investigar y sancionar a las organizaciones criminales. Pero también apunta a algo fundamental: debilitar sus fuentes de financiamiento, su infraestructura, su control territorial y los medios logísticos que les permiten mantenerse operativas.
No basta con capturar a quienes integran estas estructuras. Debemos golpear su capacidad económica, proteger la administración de justicia, reducir los riesgos procesales y garantizar una adecuada conservación y gestión de los bienes vinculados con actividades delictivas.
El proyecto articula la actuación de las instituciones responsables de la seguridad y la justicia, delimitando competencias y responsabilidades para que el Estado responda de manera coordinada. Sus principales ejes son la capacidad operativa de las organizaciones criminales, el control territorial, la integridad de la justicia, la gestión patrimonial, la venta anticipada de bienes y la extinción de dominio.
La propuesta contiene 23 artículos: 21 reforman el Código Orgánico Integral Penal y dos modifican la Ley Orgánica de Extinción de Dominio. Incluye, además, una disposición general y tres disposiciones transitorias.
El crimen organizado no apareció durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa; pero este Gobierno sí ha tomado la decisión de enfrentarlo con firmeza y valentía. Desde la Asamblea Nacional continuaremos construyendo las herramientas legales necesarias para recuperar la seguridad, proteger a las familias ecuatorianas y fortalecer la capacidad del Estado frente a las mafias.
El economista Mario Amado Zambrano, Asambleísta por Manabí de la bancada ADN, actualmente es miembro de Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Nacional. En su vida política trasciende su trabajo por los estudiantes y los jóvenes a nivel nacional al ser expresidente de la Federación de Estudiantes Particulares del Ecuador (FEUPE). De su formación académica, es economista por la Universidad San Francisco de Quito, con una maestría en gestión de proyectos en la Universidad Pompeo Fabra de Barcelona.
