La Comisión de Justicia continúa la socialización del proyecto de Ley Orgánica para la Aplicación de la Consulta Popular efectuada el 19 de febrero de 2017, que busca que ninguna autoridad de elección popular o servidor público pueda desempeñar funciones si tiene capitales o bienes en paraísos fiscales. En esta ocasión, escuchó al Superintendente de Bancos, Christian Cruz.
El funcionario solicitó que en el cuerpo legal se incluya una exigencia para que quienes ocupen o lleguen a ocupar cargos en el sector público, emitan una autorización a todos los organismos de control, a fin de que puedan contar con herramientas que les permita tener toda la información necesaria en los paraísos fiscales o países de menor imposición. "Esta propuesta garantizará una verdadera aplicación de la ley", afirmó.
“Nosotros como Superintendencia tenemos el marco legal, que es parecido al que tratamos, pero encontramos este problema de poder obtener información por parte de los otros países”, explicó. “La sugerencia nace de un problema propio de supervisión detectado en la Superintendencia”, añadió.
Dijo que el país cuenta con el Código Monetario y Financiero que prohíbe que los bancos o accionistas tengan inversiones en entidades financieras constituidas o por constituirse en paraísos fiscales o jurisdicciones de menor imposición a la del Ecuador. En ese momento, recordó que algunas ya las tenían, por lo que se incluyó una disposición para que en un período de un año realicen el proceso de desinversión.
Cruz contó que en el 2013 solicitaron información de accionistas a Panamá y también de personas naturales de quienes habían adquirido el Banco Bolivariano de Panamá y un año después de quien obtuvo el Banco Banisi S.A . Después, en dos ocasiones, en el 2016, insistieron en la entrega de la información e incluyeron la ampliación de accionistas de Austrobank. Sin embargo, la respuesta llegó en 2017, en la que la Superintendencia de Bancos de Panamá comunicó que no puede remitir datos sobre los accionistas hasta personas naturales, en virtud del artículo 110 de la Ley Bancaria de ese país, por la Confidencialidad Administrativa.
“El implementar normativa que nos permita combatir el negocio jurídico simulado es la gran tarea que el pueblo mandó en la consulta popular”, resaltó la asambleísta Marisol Peñafiel. Afirmó que se deben llenar los vacíos legales para evitar la evasión y elusión fiscal, que perjudica al Estado ecuatoriano. La propuesta de la Superintendencia es que se pueda levantar ese sigilo, que se entregue una autorización para que los organismos de control puedan hacer investigaciones fuera del territorio y los puedan ingresar al país, acotó
Mariangel Muñoz, vicepresidenta de la Comisión, señaló que la propuesta de la Superintendencia es importante para el debate. Manifestó que, más allá de las acciones que se van a llevar adelante con la aplicación de la consulta popular, hay suficiente ley para aplicarla y evidenciar posibles fraudes.
LILA/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
