El Presidente de la Comisión de Justicia, Mauro Andino, anunció que la próxima semana se presentaría un borrador de informe, para conocimiento y aprobación de la mesa, sobre el proyecto de Ley para la Aplicación de la Consulta Popular, efectuada el 19 de febrero, que se refiere a paraísos fiscales.
Recordó que en el proceso de socialización de la propuesta recibieron aportes, sugerencias y observaciones de parte de las principales autoridades del Servicio de Rentas Internas, Consejo Nacional Electoral, Contraloría General del Estado, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, Ministerio de Trabajo, entre otras.
Habló de la necesidad de definir qué son paraísos fiscales, implementar reformas a las leyes de Participación Ciudadana y de la Contraloría, en especial, lo que hace relación a una nueva declaración juramentada actualizada de funcionarios públicos que tendrían bienes o recursos económicos en paraísos fiscales, el tema de expresas prohibiciones, etc.
Marisol Peñafiel, propuso que la entidad encargada de la recaudación tributaria, bajo los preceptos de la Constitución, instrumentos internacionales y la ley, pueda determinar las jurisdicciones consideradas como paraísos fiscales; que la Contraloría General verifique el cumplimiento de la disposición, que en el marco de una auditoría o examen especial pueda requerir a cualquier entidad pública o privada información sobre transferencias, movimientos y operaciones de las personas obligadas a declarar.
Además, que se otorgue el plazo de un año a las personas que ostentan una dignidad de elección popular o ejercen un cargo en calidad de servidor público para que cumplan las disposiciones de la ley; reformar la Ley de Presentación y Declaraciones Patrimoniales para que cuando existan informes con indicios de responsabilidad penal se remitan a la Unidad de Análisis Financiero, donde se analice un posible delito de lavado de activos y sus resultados pasen a la Fiscalía.
A su vez, Mariangel Muñoz, dijo que es fundamental incorporar a los parlamentarios andinos y asambleístas en la normativa, estableciendo el procedimiento e instancia pública que llevaría adelante la destitución, al enfatizar que urge fijar la obligación o no de los servidores para traer recursos o patrimonio que tengan en paraísos fiscales.
También planteó una enmienda a la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) para que en los requisitos de ingreso al servicio estatal conste no estar inmersos en las prohibiciones, que la Contraloría expida regulaciones para el eficaz cumplimiento de la norma y modificaciones de los formatos de las declaraciones juramentadas.
Gina Godoy, sostuvo que la Ley debe reflejar la demanda ciudadana, en lo que significa o implica el tema de paraísos, prohibiciones expresas para servidores públicos y de elección.
MG/pv
Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
