Marisol Peñafiel Montesdeoca, joven imbabureña; líder de juventudes, vinculada a la dirigencia de organismos estudiantiles, barriales, parroquiales y de mujeres; de la niñez y adolescencia; convencida en l..
La Comisión de Justicia continuó, este viernes, el debate y construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo (COA). El documento estaría listo el miércoles próximo, a criterio de su presidente, asambleísta Mauro Andino, quien espera que el cuerpo legal se apruebe en enero de 2017 en el Pleno de la Asamblea.
Mencionó que actualmente las instituciones se basan en el Estatuto del Régimen Jurídico de la Función Ejecutiva (ERJAFE), mientras los gobiernos autónomos descentralizados trabajan mediante reglamentos, es decir, cada institución tiene su propio procedimiento, lo que ha generado confusión e inseguridad jurídica. Hoy, se fija un solo procedimiento para todas las instituciones estatales, sin exclusión alguna, dijo.
Aseveró que la propuesta consolida los intereses de los administrados (ciudadanos) por parte de la Administración Pública, así como de los funcionarios públicos, estableciendo sus obligaciones y derechos en cuanto a lo que significa la potestad de las personas para formular una petición o reclamo y el trámite de respuesta, respetando, en todo instante, el debido proceso y derecho a la defensa.
Silencio administrativo positivo
Precisó que la comisión determinó también el procedimiento a seguir para la ejecución del silencio administrativo positivo, el plazo de 15 días para dar respuesta a una inquietud de un ciudadano, que la petición sea fundamentada y sustentada, la sanción ante un incumplimiento y la posibilidad de acudir al Tribunal de lo Contencioso Administrativo para hacer valer ese derecho.
Acción coactiva
Tras enfatizar que el Código Administrativo es un clamor de la academia, de las universidades, de los gobiernos autónomos descentralizados, de la justicia y los ciudadanos dado su carácter innovador, indicó que la Contraloría General del Estado podrá desarrollar la acción coactiva respecto de glosas a alcaldes, concejales, exalcaldes, exconcejales, lo que permitirá recuperar ingentes recursos para invertirlos en obra pública.
MG
La asambleísta imbabureña Marisol Peñafiel viajó a Dakar, Senegal. Por delegación de la presidenta, Gabriela Rivadeneira, representará a Ecuador en el 38° Foro Anual de Parlamentarios para la Acción Global PGA y la 9° Sesión de la Asamblea Consultiva de Parlamentarios para la Corte Penal Internacional (CPI) y el Estado de Derecho. Los encuentros serán este 9 y 10 de diciembre.
Marisol Peñafiel expondrá sobre la contribución parlamentaria y supervisión de la tipificación y procesamiento nacionales de atrocidades internacionales. Resaltará la importancia del principio de complementariedad del Estatuto de Roma con el nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), que incluye los delitos de lesa humanidad y contra el derecho internacional humanitario.
Además, el PGA invitó a la asambleísta para que exponga su proyecto de reforma al COIP sobre el procedimiento de colaboración con la Corte Penal Internacional, así como algunas reformas a los tipos penales de genocidio y otros que se adecuen a los elementos constitutivos que constan en el Estatuto de Roma. El proyecto se lo estudia en la Comisión de Justicia.
En las sesiones los parlamentarios del mundo discutirán y establecerán estrategias para luchar contra la impunidad de los crímenes de guerra y la prevención de todo delito de lesa humanidad.
También se realizará la presentación del Premio al Defensor de la Democracia otorgado por el PGA, cada año, a las personas cuyo trabajo ha sido fundamental para la promoción y protección de los derechos humanos y los principios de gobernanza democrática.
La Comisión de Justicia prosigue en la construcción del informe para segundo debate del proyecto de Código Orgánico Administrativo. Representantes del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo y de la Federación de Servidores Públicos hablaron de definir los parámetros del silencio administrativo y las oportunidades de defensa de un funcionario estatal, respectivamente.
Era absolutamente necesario que se legisle, que se norme la parte administrativa y sancionatoria, más aún cuando la norma pertinente ha estado muy dispersa, lo que generó abusos. En consecuencia, nosotros saludamos, de inicio, este esfuerzo que hacen los parlamentarios, al interior de la Comisión de Justicia, dijo el presidente de la Federación de Servidores Públicos del Ecuador, Miguel García Falconí.
Sugirió que en razón de la trascendencia del tema, la Asamblea Nacional difunda con mayor énfasis el contenido, alcances y beneficios de la propuesta legal, a fin de que los diferentes sectores contribuyan con aportes y observaciones para mejorar el funcionamiento del código y básicamente el aparato estatal en lo que se refiere a los servidores públicos.
Dijo que desde 2011 han salido del sector público más de 30 mil personas bajo el mecanismo de compra de renuncia obligatoria, ante lo cual se han presentado más de tres mil demandas en el Tribunal Contencioso Administrativo y ninguna de ellas ha progresado. Por tanto, urge clarificar la aplicación de la figura del reclamo administrativo en el ámbito judicial para una efectiva defensa de los derechos de los servidores públicos, agregó.
Puntualizo que hay que garantizar los derechos de los administrados (ciudadanos, usuarios), pero también igualdad de oportunidades en cuanto a derechos y obligaciones de los funcionarios públicos, tras enfatizar que es clave argumentar en el código el significado real de atención debida al público, que es una causal para destitución de un funcionario, lo que se presta para abusos por parte del patrono.
Mientras que el doctor Patricio Secaira, juez del Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo, expresó que lo natural, lo obvio, lo que la ciudadanía siempre espera de la administración es que se pronuncie, que expida decisiones de modo regular, cuyos mecanismos tienen efectos jurídicos.
Hasta hace poco tiempo se creía que una petición, reclamo y solicitud que no era contestada dentro del término de 15 días quedaba aceptada a favor del peticionario, por un silencio administrativo. Los jueces de lo contencioso administrativo han estado allí para determinar el efecto positivo de dicho silencio y evitar una arbitrariedad de la administración pública, al igual que se concrete una arbitrariedad en contra del Estado, sostuvo.
MG/pv
La asambleísta Marisol Peñafiel dio a conocer detalles de la presencia del Contralor General del Estado ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, precisando que de los 42 informes con indicios de responsabilidad, 38 son por delito de peculado y 26 se refieren a Petroecuador, a los que se les vincula a funcionarios y ex funcionarios. Asimismo, señaló que la Contraloría General del Estado, está analizando alrededor de 81 contratos sobre la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
La Comisión de Justicia, en el mes de agosto, remitió un informe con indicios de responsabilidad, además, tareas y obligaciones que deben cumplir ciertas instituciones, entre ellas, la Contraloría General del Estado, Fiscalía, Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Bancos.
“Hoy, el Contralor General del Estado ha dicho a la Comisión de Fiscalización ha dicho que gracias al informe de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado ha podido determinar otros indicios de responsabilidad y esto ha permitido que existan 42 informes de auditoría con responsabilidad penal, 26 sobre los casos que ahora nos ocupan”, detalló.
Carlos Pólit, según detalló Peñafiel, manifestó que de los 42 informes, 38 por delito de peculado, 26 se refieren a Petroecuador, a los que se les vincula a funcionarios y ex funcionarios.
“Nosotros le dimos información y detallamos en la Comisión y señalamos que hay indicios de responsabilidad para que investigue la Contraloría, a través de la Fiscalía, hace la investigación y tienes un resultado de 42 informes de auditoría con responsabilidad penal”, acotó.
“Hay responsabilidad penal” no solo en Pareja Yannuzzelli, dijo Peñafiel, sino también sobre Pedro Merizalde, gerente de Petroecuador, así como también contra 16 funcionarios y ex funcionarios.
“El Contralor no aclaró sobre ese tema, sin embargo, dejó información en la Comisión, tenemos que revisar esa información”, afirmó.
En relación con el sector privado, que habría promovido la entrega de estas coimas, Pólit afirmó que existe una investigación con carácter de reservada y que ha sido remitida a la Fiscalía General del Estado.
“Lo importante en esto es rescatar que hay información, que hay indicios de responsabilidad porque de eso se trata el proceso investigativo. Lo más fácil era tapar, no investigar”, sostuvo.
Para Peñafiel, el informe que dio el Contralor da cuenta de que “esto no está quedando en la impunidad”.
“Hay un proceso investigativo, pero en estos procesos no es soplar y hacer botellas”, advirtió.
La Contraloría General del Estado, además, informó que está analizando alrededor de 81 contratos sobre la repotenciación de la Refinería de Esmeraldas.
“Habla de alrededor de 400 acciones con relación al uso de recursos sobre la repotenciación de la Refinería”, mencionó.
Sobre la labor de la Superintendencia de Bancos, Peñafiel recordó que la Comisión de Justicia pidió a esta entidad que informe sobre ¿qué ha hecho sobre el incumplimiento de la transitoria del Código Monetario que habla de la verificación de la ejecución de la disposición transitoria sobre el proceso de desinversión de las instituciones del sistema financiera del país que mantengan acciones en entidades financieras en paraísos fiscales?
“¿Qué había que investigar? Un ejemplo, cómo Banco de Guayaquil vendió Banco de Guayaquil, pero volvió a comprar Banco de Guayaquil, es decir, como dice nuestra gente: sacó plata de un bolsillo para meter plata en otro bolsillo y, finalmente, quedó en la misma persona y lo hizo, por lo tanto, la Superintendencia de Bancos tiene que decirnos qué pasó sobre la obtención en la información de las personas jurídica y naturales que adquirieron las acciones de Banco de Guayaquil, así como Banco Bolivariano”, recalcó.
El Superintendente Cristian Cruz, según la asambleísta, señaló que las respuestas a estas interrogantes “nos hará llegar, que está en proceso, que nos va a permitir mirar el cumplimiento de la transitoria”.
“Me he quedado a medias, le he señalado mi preocupación sobre eso, pero, además, sobre ese tema hicimos algunas preguntas”, acotó.
(PAY)
http://mobile.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=wap_news_view&id=2818812114
Marisol Peñafiel: 350 empresas ecuatorianas con 10 estudios jurídicos, se dedicaban a crear empresas offshore (AUDIO)
SRI ha entregado a Comisión de Fiscalización nombres, apellidos de beneficiarios, contó
Marisol Peñafiel, asambleísta de Alianza PAIS, contó qué le dijo Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI) a la Comisión de Fiscalía, durante su comparecencia, detallando que la existencia de 350 empresas con 10 estudios jurídicos identificados, que se dedicaban a la creación de las empresas offshore en otras naciones. Asimismo, comentó que se ha dado a conocer sobre la triangulación de las empresas,: cómo operan y qué significa es en perjuicio al Estado ecuatoriano.
http://www.ecuadorinmediato.com/index.php?module=Noticias&func=news_user_view&id=2818812115
La Comisión de Fiscalización, que lleva adelante la investigación sobre el caso “Papeles de Panamá”, comenzará a procesar la información que expusieron y entregaron las cuatro autoridades que comparecieron ayer. Así lo confirmó la presidenta de la mesa, María José Carrión. Dijo que en todos los casos se examinará si las decisiones de las autoridades han sido oportunas, cómo fueron los tiempos procesales y si están de acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal.
Para recolectar mayores detalles en cuanto a la investigación que realiza la comisión sobre la constitución de empresas offshore en paraísos fiscales, el organismo parlamentario recibió ayer al Contralor, Carlos Pólit; al superintendente de Bancos, Christian Cruz; al director del Servicio de Rentas Internas, Leonardo Orlando; y, al Fiscal General, Galo Chiriboga.
La legisladora señaló que no tiene tiempo reglamentario para cerrar la investigación, porque además estas instituciones continúan realizando más indagaciones. “Lo que corresponde es analizar la información que hemos recibido y la que nos siga llegado”, reiteró. Hay elementos que toca ir revisando y, según eso, solicitar un juicio político o no, aseveró, por su parte, Alexandra Ocles, miembro de la Comisión de Fiscalización.
Las dos legisladoras coincidieron en que las presentaciones de las autoridades fueron buenas en cuanto a la contundencia de la información y porque se expusieron elementos que no se conocían. Manifestaron que lo importante es que se está actuando con responsabilidad. Carrión indicó que se buscará sobre todo que existan sanciones. No solo se trata de no dejar en la impunidad los casos, sino recuperar el dinero del pueblo, que no puede terminar en bolsillos privados, afirmó.
Los asambleístas que integran la Comisión de Fiscalización esperarán información adicional que los funcionarios se comprometieron a entregar. En el caso del Fiscal, la asambleísta Ocles pidió que amplié la documentación sobre el procedimiento y registro del seguimiento de la documentación que llegó desde Panamá a la Fiscalía. Ayer, los legisladores consultaron al Fiscal sobre el cumplimiento del principio de celeridad en el caso de Carlos Pareja Yannuzzelli, ex ministro de Hidrocarburos.
Chiriboga explicó que la asistencia penal internacional solicitada a Panamá, el 24 de mayo, llegó a la secretaría de la Fiscalía el 26 de septiembre. Ese mismo día remitió a la Dirección de Asuntos Internacionales y llega al fiscal del caso el 29. Mayores detalles sobre estos procedimientos es lo que pidió Alexandra Ocles.
En cambo, el superintendente de Bancos, Christian Cruz se comprometió a enviar expedientes sobre la venta del Banco del Pacífico. Esto, en vista de que el informe, que en primera instancia elaboró la Comisión de Justicia sobre los Papeles de Panamá recomendó a esta entidad averiguar sobre el proceso de desinversión de las instituciones del sistema financiero del país que mantengan acciones en entidades financieras en paraísos fiscales.
Cruz Indicó que muchos de ellos entraron en proceso de desinversión, de los cuales quedaron los bancos Pichincha y Pacífico. El primero concluyó un proceso de venta y el otro está en desarrollo. Dijo que enviará la información una vez que se cierre la venta. Las otras autoridades también anexarán mayores detalles a los entregados ayer.
LILA/pv
En su afán de recolectar mayor información para la investigación sobre la constitución de empresas off shore en paraísos fiscales, la Comisión de Fiscalización recibió al superintendente de Bancos, Christian Cruz, para que explique las acciones que ha ejecutado esta institución en torno a este tema. El funcionario dijo que han sido facilitadores de información para otras entidades de control y confirmó que se han retenido los fondos de tres exfuncionarios de Petroecuador.
Cruz aseguró que por pedido del juez Gonzalo Núñez la Superintendencia de Bancos informó al sistema financiero público y privado la retención de las cuentas de Marco C., Eduardo V. y Diego T.
Dentro de las otras actividades emprendidas por esta entidad acotó que se ha enviado información a la Contraloría y a la Fiscalía. En el primer caso sobre los movimientos financieros de Carlos P. y su cónyuge, así como de José C, su cónyuge e hijos. En cambio, la Fiscalía solicitó información de los movimientos financieros de 18 funcionarios, cuyos documentos fueron entregados por la Superintendencia el 20 de octubre, con dos alcances: el 26 de octubre y el 8 de noviembre, según Cruz.
Sin embargo, los asambleístas pidieron al funcionario mayor información sobre el proceso de desinversión de las instituciones del sistema financiero del país que mantengan acciones en entidades financieras en paraísos fiscales. El pedido lo hicieron los legisladores Marisol Peñafiel y Víctor Medina, amparados en el informe de la Comisión de Justicia. Esta mesa ya realizó una primera investigación sobre los denominados Papeles de Panamá y, por pedido del Consejo de Administración Legislativa, pasó a la Comisión de Fiscalización para que continúe la indagación.
En este proceso de desinversión, los dos legisladores hicieron referencia al Banco Pichincha y Pacífico que han constituido fideicomisos con el objetivo de vender las acciones a favor de terceros.
Cruz aclaró que los bancos nacionales no han constituido empresas en países de paraísos fiscales, pero sí tenían sucursales en Panamá. Indicó que muchos de ellos entraron en proceso de desinversión, de los cuales quedaron los bancos Pichincha y Pacífico, que luego pasaron a un fideicomiso. El primero concluyó un proceso de venta y el otro está en desarrollo, agregó el Superintendente. Dijo que una vez que se cierre el proceso de venta remitirá la información a la Comisión.
Cruz expresó que también enviaría información en cuanto a las explicaciones que solicitaron Peñafiel y Medina sobre la resolución de la Comisión de Justicia para que la Superintendencia realice las acciones diplomáticas necesarias para obtener información de las personas jurídicas y naturales que adquirieron las acciones de los bancos Bolivariano y Guayaquil, a través de la compañía Equiholding S. A y Banisi Holding S.A, con el propósito de descartar vínculos con entidades ecuatorianas controladas por la Superintendencia de Bancos.
La presidenta de la Comisión de Fiscalización, María José Carrión, dijo que estarán pendientes de la información y, de ser el caso, se le invitará nuevamente a la mesa.
LILA/pv
“Los paraísos fiscales son una guarida de capitales y un flagelo que atenta contra la economía mundial”, dijo Leonardo Orlando, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), en la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, cuando llegó su turno de informar cómo avanzan las investigaciones con respecto a las empresas off shore, vinculadas con ecuatorianos.
Según las cifras del SRI, hasta el momento son 11 millones de archivos filtrados de la firma de abogados Mossack Fonseca, que presta el servicio de venta de empresas con o sin directorio, representantes legales y accionistas en Panamá. Además, identificaron a 4 mil 227 personas naturales y jurídicas relacionadas con Ecuador que tienen vínculos con estas empresas. También hicieron inspecciones a 10 de los estudios jurídicos intermediarios, de los 340 requeridos para identificar beneficiarios y tipos de empresas off shore. Es decir, existe una investigación en curso y se desarrolló un modelo para establecer los riesgos tributarios que tienen los beneficiarios de las empresas de papel.
En Ecuador se estima que de 1979 a 2015 se habrían fugado cerca de 30 mil millones de dólares a paraísos fiscales, solo de enero de 2014 a octubre de 2016 han salido 4 mil 520 millones de dólares. “Existen problemas éticos que esconden actividades ilícitas y ocultan el verdadero nivel de concentración de la riqueza. La falta de transparencia, lavado de dinero y creación de empresas de papel son las consecuencias, advirtió.
Una realidad que afecta
Pero los números muestran la realidad. Antes de que salgan a la luz los llamados "Papeles de Panamá se habían identificado a mil 468 empresas off shore en paraísos fiscales con accionistas de empresas en Ecuador, pero después de la publicación, se registra a 3 mil 489 empresas off shore. “Si bien Mossack Fonseca es el estudio preferido para la creación de estas empresas, con más de 2 mil, sabemos que hay otras firmas que hacen lo mismo”, explicó Orlando.
Más de la mitad de empresas off shore están en Panamá, le siguen las Islas Vírgenes, Barbados, Islas Caimán, Bahamas y Bermudas. “La tarea de investigación es ardua, porque Ecuador lleva adelante una lucha frontal contra este problema. Lamentablemente existen, porque los grandes países desarrollados no han tenido la voluntad de que desaparezcan y esto afecta de gran manera a los países en vías de desarrollo”, aseguró el titular del SRI.
Para Orlando el hecho que en Ecuador ya exista una normativa anti paraísos fiscales y una política tributaria ya pone medidas regulatorias y coercitivas de combate al fraude fiscal. “Con las primeras grandes políticas de Ecuador en la lucha contra los paraísos fiscales, se permitió enunciar qué países podrían ser considerados como paraísos fiscales y eso es un avance”, finalizó Orlando.
Para entender cómo actúan y coordinan la Contraloría General del Estado, Superintendencia de Bancos, Servicio de Rentas Internas y Fiscalía, esta mañana y parte de la tarde acudieron a la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Carlos Pólit Faggioni, Christian Cruz Rodríguez y Leonardo Orlando Arteaga, titulares de esas dependencias. La intención es continuar la investigación que realizó la Comisión de Justicia sobre las empresas off shore constituidas por personas ecuatorianas en paraísos fiscales.
La comisión solicitó información para contrastar con la de otras instituciones y, de ser necesario, pensar en un juicio político, aunque se aclaró que eso se determinará solo cuando se encuentren las razones para hacerlo. “Si se encuentran elementos como arrogación de funciones, violación de la Constitución, serían sujetos de control político. Por ahora lo que nos determinan es seguir con la investigación”, dijo María José Carrión, presidenta del organismo.
El Contralor General del Estado subrogante, Daniel Fernández, acudió a la comisión y aseguró que no es competencia de la Contraloría la investigación de las empresas constituidas en paraísos fiscales. Con respecto a Galo Chiriboga, Pedro Campaña, Javier Molina, que fue asesor de la Secretaría Nacional de Inteligencia, todos ellos en calidad de servidores públicos, a quienes se menciona en los "Papeles de Panamá", se remitió la información solicitada a la Fiscalía, es decir, los informes con indicios de responsabilidad penal de las declaraciones juramentadas, afirmó.
En cifras
También informó que se solicitó las declaraciones juramentadas de Alex Bravo y Carlos Pareja Yanuzzelli y la Contraloría facilitó esa información. En los dos casos se remitieron los informes con indicios de responsabilidad. Se informó además, las demás acciones de control relacionado con las variaciones patrimoniales de 76 servidores de Petroecuador.
Agregó que al momento se examinan 181 contratos en lo que respecta a la refinería de Esmeraldas, que son los más grandes en cantidad de obras y recursos y que dada la situación actual se dispuso que se analicen los 413 contratos suscritos con la refinería. Para hacer estas auditorías de forma inmediata se incrementó el personal. La Contraloría entregó 2100 informes y más de 1950 son por indicios de peculado, desde 2002 hasta la presente fecha. Esa cantidad corresponde a los cuatro últimos gobiernos auditados, subrayó.
Carlos Pólit, contralor, quien acudió a pesar de tener licencia, dijo que todos los años la Contraloría realiza exámenes especiales en el sector petrolero. “La Contraloría respeta el debido proceso. Es la primera vez en la historia que se realiza la investigación a declaraciones de bienes del Presidente de la República, Vicepresidente, ministros, FF.AA. asambleístas, Corte Constitucional, y se detectaron casos por indicios de incremento patrimonial sin justificación. Los hallazgos que encuentran los equipos multidisciplinarios se revelan en los plazos que la ley nos da. No tenemos facultad para pedir información a organismos internacionales, pero sí la tiene la Fiscalía. No podemos ordenar prisiones, pero sí colocar nuestros informes sobre supuestas responsabilidades”, aclaró Pólit.
Mario Alexis González “El fiscal (Galo Chiriboga) desde hace rato le queda debiendo al país”. Esa es la reflexión que hace Virgilio Hernández, legislador oficialista, sobre la posibilidad de que el funcionario sea llamado a un juicio político en la Asamblea Nacional. El martes 25 de octubre, el bloque mayoritario de la Función Legislativa se reunió para analizar este tema. Se decidió delegar a los integrantes de la Comisión de Justicia para que lleven adelante un análisis sobre los elementos necesarios para tomar una decisión. Mauro Andino, presidente de esta instancia legislativa, dijo miércoles 26 de octubre del 2016, que esperan que hasta este fin de semana o máximo a inicios de la próxima semana exista ya una resolución. Se señala a Chiriboga por la celeridad con la que actuó la Fiscalía en el caso de corrupción en Petroecuador y, sobre todo, en el proceso del exministro Carlos Pareja Yannuzzelli (Capaya). Andino espera que esto cambie en el caso de que haya más funcionarios y exfuncionarios vinculados al proceso. Recuerda que la Comisión que el preside emitió un informe sobre este tema en septiembre y hay más personas que presentaron incongruencias en sus declaraciones patrimoniales juramentadas. Hernández, por otro lado, dice que Chiriboga está en deuda con el país desde el momento en el que no pudo clarificar ante la opinión pública el poseer una empresa en los denominados paraísos fiscales. Marisol Peñafiel también conforma la Comisión que está a cargo del caso. La imbabureña dice que varios integrantes del bloque oficialista pidieron en la última reunión que se solicite ante el Consejo de Administración Legisalativa (CAL) el juicio político. En esta sesión también participaron integrantes de la Función Ejecutiva. Sin embargo, agrega que este tema se debe debatir antes de presentarlo formalmente. Dice que hay varios ítems que considerar como la celeridad, las acciones que se han tomado en las últimas semanas y que el proceso fue llevado por un fiscal provincial y no directamente por Chiriboga. Para el socialcristiano Luis Fernando Torres, el juicio político no es una buena idea. Explica que Chiriboga está por terminar su período, que la investigación en el caso Capaya ha avanzado lentamente y se podría utilizar el juicio político para distraer la atención y que el proceso tarde aún más. Por esto -dice- no se pueden apresurar a solicitar el juicio político. Asegura que lo que se debe buscar es que las personas vinculadas a la corrupción en Petroecuador sean procesadas. Además, alerta que los asambleístas que proponen el juicio pueden estar buscando tarima política en medio de la época preelectoral. Este no es el único análisis de juicio político que se hace en la Asamblea. En el Pleno del martes, Mae Montaño (Creo) solicitó un cambio en el orden del día para que se trate un proyecto de juicio político en contra de Chiriboga. La petición no fue dada a trámite. La presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, dijo que se debe seguir el proceso legal. Este consiste en la recolección de 35 firmas, presentación en el CAL, que la Comisión de Fiscalización decida sobre la pertinencia del juicio. Y que finalmente el Pleno tome una decisión sobre la culpabilidad del funcionario. Ante esta negativa, el miércoles Montaño hizo un plantón al frente de la Fiscalía acompañada de unas 20 personas. Insistió en su propuesta y dijo que es necesario que el Pleno debata el tema antes de tomar una resolución. Ante la posibilidad de este juicio político, Galo Chiriboga dijo en Ecuavisa que es una atribución de la Asamblea y si lo deciden estará ahí para presentar los argumentos que ya el país conoce. Añadió que con el informe de la Comisión de Justicia no había argumentos sólidos para emitir órdenes de arresto.
Este contenido ha sido publicado originalmente por Diario EL COMERCIO en la siguiente dirección: http://www.elcomercio.com/actualidad/alianzapais-justicia-juicio-politica-galochiriboga.html. Si está pensando en hacer uso del mismo, por favor, cite la fuente y haga un enlace hacia la nota original de donde usted ha tomado este contenido. ElComercio.com
http://www.elcomercio.com/actualidad/alianzapais-justicia-juicio-politica-galochiriboga.html
