Por disposición de Nuestra Asambleísta, doctora Marllely Vásconez Arteaga, Presidenta de la Comisión Especializada Permanente de los Derechos de los Trabajadores y la Seguridad Social; se realizó la Sesión Ordinaria No. 123 el día miércoles 4 de noviembre de 2015, a las 15h00, con el objeto de tratar los siguientes temas:
Se contó con la compareciencia del economista Leonardo Orlando, Subdirector de Cumplimento Tributario del Servicio de Rentas Internas como delegado de Ximena Amoroso Iñiguez, Directora General de esta Cartera de Estado, para tratar el “Proyecto de Ley Reformatoria de Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales”, presentado por el doctor Luis Fernando Torres, Asambleísta por la Provincia de Tungurahua.
El proyecto propone reformar el artículo 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales que determina que: “...Las instituciones del Estado que por ley tienen jurisdicción coactiva, con el objeto de hacer efectivo el cobro de sus acreencias, podrán ejercer subsidiariamente su acción no sólo en contra del obligado principal, sino en contra de todos los obligados por Ley, incluyendo a sus herederos mayores de edad que no hubieren aceptado la herencia con beneficio de inventario. En el caso de personas jurídicas usadas para defraudar (abuso de la personalidad jurídica), se podrá llegar hasta el último nivel de propiedad, que recaerá siempre sobre personas naturales, quienes responderán con todo su patrimonio, sean o no residentes o domiciliados en el Ecuador...”.
Añadió como representante de esta Cartera de Estado, que el actual Código Tributario se rige por la responsabilidad solidaria, tanto en sociedades como representantes legales, sucesores y otros beneficiarios; al respecto manifestó que: “...Cuando no pueden exigir la obligación a las personas jurídicas, nosotros vamos detrás de la persona natural y cobramos las acreencias de ser el caso, efectuando la facultad coactiva subsidiaria cuando no se puede cobrar sobre el deudor principal quien es el responsable directo...”
Los grupos socialmente vulnerables son quienes más se benefician de los tributos recaudados, según el Econ. Leonardo Orlando, pues los que más tienen aportan en beneficio de los que menos tienen, y no solo se circunscribe al ámbito laboral sino también social.
La administración tributaria aplica el articulado de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales únicamente en casos de representación recaudatoria con el análisis previo de vinculación, pertinencia, motivación y proporcionalidad; su uso se da en casos muy puntuales y como medida de última ratio, al respecto el exponente explicó 13 casos emblemáticos de varias ciudades del país como Ambato, Azogues, Portoviejo Cuenca, Machala, Quito y Guayaquil que se han acogido al procedimiento previsto en el artículo 1 posterior a una investigación rigurosa para cumplir con el procedimiento pertinente.
Las acciones jurídicas inician con una investigación respecto a la titularidad del bien y la proporcionalidad de la responsabilidad como socio o socia, la norma no señala con precisión con cuanto debe responder según su participación y por ello se trata de no afectar a inversionistas con participaciones bajas; sino más bien al titular que disfrutó de los bienes patrimoniales de la empresa.
En conclusión el delegado del SRI solicitó se mantenga el texto actual del art. 1 de la Ley Orgánica para la Defensa de los Derechos Laborales.
Por su parte Nuestra Representante preguntó al Econ. Leonardo Orlando: “¿Si tienen un dato aproximado de los valores que se han podido recaudar en esta presentación a la que usted se refirió, para saber el beneficio del Estado en cifras concretas?”
A lo cual el responsable contestó que aunque no cuenta con cifras exactas estaría hablando de más de USD 200.000.000.oo e hizo énfasis en que no es el único instrumento que se utiliza para cobrar valores a favor del Estado, se han cobrado cantidades significativas por otros medios.
Nuestra Asambleísta también preguntó acerca del tiempo que toma este trámite en el SRI para poder recuperar el dinero, a lo cual el delegado contestó que puede tardar según las medidas cautelares implementadas para que se impida el vaciamiento patrimonial y el tiempo que tome cumplir el remate, unos seis meses, pues es un procedimiento largo.
Como siguiente punto se trató el “Proyecto de ley para el Ejercicio Profesional de las y los Administrados”, presentado por el doctor Miguel Ángel Moreta Panchez, Asambleísta por Santo Domingo de los Tsáchilas.
Ante la moción presentada por el Asambleísta, Alex Guamán para el archivo de la presente ley, Nuestra Presidenta expresó que: “...si hacemos leyes para cada una de las especializaciones de las distintas profesiones, nos tocará en el futuro tramitar muchas leyes específicas para cada una de las especializaciones existentes, además los Administradores ya cuentan con una ley que los cobija...” la moción contó con 6 votos a favor y se procedió al archivo de la misma.
Como siguiente punto se trató el “Proyecto de Ley Orgánica reformatoria al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público”, presentado por el doctor Antonio Posso Salgado, Asambleísta por la Provincia de Imbabura.
Los parlamentarios solicitan que se exhorte para que a través de reglamento u ordenanza se haga constar la celebración a nivel local y que la autoridad pertinente pueda incluirlo dentro de sus festividades provinciales, promoviendo el archivo del presente proyecto de ley y más ahora en la situación que atraviesa el país.
A la reunión de la Comisión asistieron los miembros de la “Asamblea de las Asociaciones de Jubilados Técnicos Pensionistas y Adultos Mayores”, quienes a través de sus representantes pusieron en conocimiento su condición de jubilados.
Edison Lima Iglesias, Presidente de la Asociaciones de Jubilados Técnicos Pensionistas y Adultos Mayores trató el tema de la jubilación patronal en concordancia con el Art. 216 del Código de Trabajo, expresó lo siguiente: “...el grupo que represento tiene miembros que reciben pensiones de USD 20.oo y USD 30.oo, lo cual es inaudito luego de haber recibido una resolución de la Corte Constitucional y habiendo atravesado lo que pasamos los jubilados en el feriado bancario, por lo cual pedimos que se haga una reforma al numeral 2 y 3, de este artículo y que sea lo justo que se pague el 50% del salario básico a favor de los jubilados. Compañeros jubilados del Municipio, Seguro Social y Telecomunicaciones pedimos el día de hoy que tomen este justo y legal reclamo por ser un grupo prioritario, ya que hasta el momento no ha habido una defensa correcta de este sector, esperamos que mediten bien, este es el pago a quienes trabajaron décadas al servicio del país, los más perjudicados fuimos los jubilados que nos desvinculamos obligatoriamente en la década del 90...”.
María Teresa Villavicencio en representación del grupo femenino, solicito también apoyo a este grupo y pidieron se tome en cuenta su pedido pues son años en que nadie da oídos a su situación.
Ante lo cual Nuestra Presidenta indicó a los presentes que: “...Para poder gestionar una ley, debe determinarse por uno de los campos que señala la Constitución y una vez presentada ante el CAL, estos direccionarán a la Comisión en la Asamblea que puede darle el tratamiento correspondiente, no podemos darles una respuesta el día de hoy, ni deliberar sobre el tema, pero ya estamos en conocimiento de sus necesidades y como punto de información me permito indicar que fue puesto el oficio de ustedes en conocimiento del Ministerio del Trabajo con fecha 30 de septiembre del 2015; de manera que esperamos poder gestionar su requerimiento de la mejor manera posible; además me alegro que ustedes mismo reconozcan que en este gobierno de la Revolución Ciudadana se ha considerado el tema de los jubilados, como prioridad...”; de esta manera concluyó la sesión.
LB
Presidenta de la Comisión De Los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social
