En la continuación del segundo debate del proyecto de Ley de Tierras Rurales y Territorios Ancestrales los parlamentarios resaltaron el contenido de la propuesta que recoge las aspiraciones de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que por décadas han sufrido injusticias al no poseer su fuente de empleo que es la madre tierra, además destacaron la importancia de garantizar la función social, ambiental para alcanzar la soberanía alimentaria de todos los ecuatorianos, pero cumpliendo el mandato constitucional de cuidar el medio ambiente y su naturaleza.
Parlamentarios de diversas bancadas legislativas dieron sus aportes a esta normativa que la calificaron como una “conquista social”, ya que contiene los principales elementos para superar y terminar con la pobreza de los sectores rurales, cuya aprobación será histórica para el país.
El asambleísta Óscar Ledesma pidió añadir en el artículo 15 sobre la prioridad de la redistribución de las tierras rurales a fin de incluir a las comunas, comunidades que hayan perdido sus predios o terrenos a causa de algún desastre natural; en el artículo 17, sobre tierras rurales que constituyen bienes nacionales de uso público se agregue a las zonas o áreas de protección de ríos, esteros y quebradas; en el artículo 54 se añada los actos administrativos de legalización de tierras comunitarias y territorios ancestrales a favor de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades que se encuentren en posesión ancestral.
Además se genere una transitoria que permita en el futuro, cuando se trate la Ley Especial para la Amazonía, darle ese régimen especial y ese tratamiento preferencial en el tema ambiental y de tierras.
Por su parte el asambleísta Carlos Viteri señaló que esta ley es un ícono de las transformaciones del país, de aquel viejo Estado que propició el acaparamiento y carencia de tierra en contra de la gran mayoría del sector campesino y de los pueblos y nacionalidades ancestrales, por ello, su aprobación será histórica.
El asambleísta Paco Fierro indicó que la soberanía alimentaria es un objetivo estratégico consagrado en la Constitución, sin embargo, es preocupante lo que vive el sector campesino e indígena. Un estudio a este sector resalta que el hambre amenaza a 2.1 millones de personas en las montañas del Ecuador; 5.8 millones son vulnerables a la seguridad alimentaria en todo el territorio y el 19% de ecuatorianos en los páramos no tienen acceso a los alimentos, a la vez que advirtió que que los campesinos no pueden acceder directamente a los mercados para comercializar sus productos, a causa de los intermediarios quienes se llevan la ganancia de los cultivos.
Por ello solicitó que se establezcan mecanismos para controlar la intermediación y poner una mirada directa a los sectores más pobres; determinar recursos para el fondo de tierras; y establecer un seguro agrícola dando prioridad a los que están en extrema pobreza.
Por su parte el legislador Fausto Terán dijo que el proyecto está acorde con el proyecto de Ordenamiento Territorial que establece que el suelo rural es destinado principalmente a la agroproductividad. Pidió incluir una transitoria para que la Autoridad Agraria en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados realicen la titularización de la tierra rural estatal, además incluir a las personas particulares que permanecen por años en posesión de tierras.
De su lado, la parlamentaria Miryam González subrayó que esta normativa es una conquista social, porque busca superar y terminar con la pobreza de los sectores rurales a más que garantiza los derechos de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades para conservar su propiedad comunitaria y tener su adjudicación. Pidió agregar en el artículo 107 que se refiere al reglamento para la expropiación, determinar las características geográficas y clima para proceder con la expropiación.
Mientras que el parlamentario Herman Moya dijo que es necesario determinar en el artículo 110 que habla del latifundio los parámetros mínimos de las cantidades de tierra o áreas consideradas como latifundio. Por su parte la legisladora Mae Montaño dijo que a través del cuerpo legal se debe asegurar a los pequeños productores no solo al acceso a la tierra, sino a créditos, asistencia técnica y aseguramiento a la producción lo cual permitirá a los pequeños productores su inserción a los mercados.
Mauricio Proaño dijo que es necesario hacer ajustes en los literal d) y e) del artículo 103 de expropiación para que se distinga la presión demográfica de concentración de tierra rural.
JLVN/pv
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión de la Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero | Visita mi Perfil
