Boletín de Prensa EMZV – 140
Quito, 06 de marzo de 2018
En primer debate del proyecto de Ley derogatoria a la Ley de Plusvalía, aprobado en la Consulta Popular del pasado febrero, fue analizado por los asambleístas. La ley creaba un impuesto del valor especulativo del suelo, que es del 75% pero únicamente a la ganancia extraordinaria, es decir, este tributo se aplicaba a la ganancia extra que genere la segunda venta de inmuebles y terrenos.
Juan Cárdenas, asambleísta por Cañar, señaló que la Ley Plusvalía surgió como herramienta para castigar una conducta irregular, la especulación con el valor de la tierra para acumular riqueza en pocas manos.
“El pueblo no compra una casa para vender de forma especulativa, el pueblo compra ese inmueble para vivir con su familia. Quienes lo hacen son los especuladores que son los beneficiarios de esta derogación”, aseguró.
Por su parte, Esteban Melo, asambleísta por el exterior, comentó que la Ley nació de la necesidad impostergable de proteger a los ciudadanos frente a las graves crisis inmobiliarias que se dieron en Europa y Estados Unidos. “Lo inexplicable es que con la derogatoria a Ley de Plusvalía se termina afectando al Plan Casa para Todos, es decir, a los más pobres y la ciudadanía en general”, afirmó el representante de los ecuatorianos residentes en Europa, Asia y Oceanía.
Para Franklin Samaniego, asambleísta por Pichincha, la Ley de Plusvalía se caracteriza por ser antiacaparamiento, antiespeculación y de alerta ante burbujas inmobiliarias. “Ciertos empresarios se dedican al rentable negocio inmobiliario, especulando con precios de tierras y bienes, tras objetar que el gobierno no hace realidad los planes de interés social, especialmente de vivienda”, precisó.
En el Pleno intervinieron 12 asambleístas con lo que concluyó el Primer debate de la Ley; la Comisión de Régimen Económico deberá preparar el informe para segundo debate.
Ley Amazónica
El Pleno de la Asamblea Nacional analizó en segundo debate el proyecto de Ley Orgánica Especial de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica. En la construcción del proyecto se contó con los aportes de Consejo Nacional de Gobiernos Parroquiales Rurales del Ecuador (Conapogare), Consorcio de Municipios Amazónicos y Galápagos (Comaga), Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo (Senplades), Federación Shuar, Pueblo Saraguro, Cámara Provincial de Turismo, Asociación de Cafetaleros Ecológicos, Ministerio de Cultura y Patrimonio, federaciones deportivas, entre otras entidades.
En el debate de los asambleístas sobre este tema se destacó que con la normativa se toma en cuenta a la región, como una aspiración justa que a pesar de ser rica en recursos naturales tiene altos índices de pobreza.
Marcela Aguiñaga, asambleísta por Guayas, dijo que la Ley necesita tener un cuerpo legal que vaya en sintonía con normas ya aprobadas. “Debe ser revisada, podría contravenir normas vigentes en el ordenamiento jurídico: Código de Ambiente y Código Administrativo”, especificó.
De su lado, Carlos Viteri, asambleísta nacional, señaló que el motivo de su abstención en la votación del informe para segundo debate de la Ley Amazónica es que el incremento por la venta de cada barril de petróleo que se propone para la Amazonía es irrisorio.
"El 90% de la estructura petrolera está en cinco de las seis provincias amazónicas y a pesar de ello es la región con más incidencia de pobreza del país", detalló y solicito la eliminación de la transitoria tercera del proyecto para que entre en vigencia el aumento de presupuesto de forma inmediata.
Alrededor de ocho parlamentarios intervinieron en el Pleno. La sesión fue suspendida y se retomará el siguiente martes.
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