El martes 5 de mayo en la Comisión de Desarrollo Económico dimos inicio a el tratamiento del segundo informe del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario enviado por el Ejecutivo. Previo a esto los integrantes de la mesa conocimos 41 observaciones de asambleístas realizadas en el Pleno y 49 observaciones externas de diversos sectores productivos y organizaciones sociales.
En esta sesión, el asambleísta Homero Castanier del bloque del partido Creo, mocionó que antes de que se inicie el debate se retire el artículo 5 del proyecto de Ley de Apoyo Humanitario, el cual trata sobre nuevos impuestos a las personas que tiene bienes inmuebles en paraísos fiscales. Cabe destacar que me abstuve a esta moción que trata de proteger a los grandes grupos de poder para que no contribuyan en la crisis económica que vive el país.
Después de ese punto fueron analizaron los artículos referentes al Concordato Preventivo Excepcional. En relación a la prelación de créditos se propuso el pago primordial a los valores adeudados a menores de edad, trabajadores y extrabajadores.
Se planteó que el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación y el ente rector de la educación superior del país realizarán, en un plazo de 15 días, un estudio que defina el costo real de la educación presencial frente a la virtual y en función del mismo se deberán acordar los respectivos descuentos en matrículas y pensiones. De manera excepcional de ser el caso, el Gobierno, entregará ayudas mediante compensaciones monetarias o no monetarias.
Se pidió que el Ministerio de Educación, en un plazo de 30 días, establezca un plan emergente para priorizar el fortalecimiento de la educación pública para que las unidades educativas tengan acceso a equipos necesarios para la educación virtual de calidad, además, mantener los proyectos de desayuno escolar.
También se incorporó líneas de crédito estudiantiles. En este aspecto, la Junta Monetaria y Financiera implementará una tasa de interés y plazo preferencial.
En referencia a este artículo se solicitó que se establezca una moratoria de pago de los servicios básicos para los meses de abril, mayo y junio.
Se pidió que no se facture el cargo de potencia para las empresas que no estuvieron operativas en marzo, abril y mayo.
Los artículos relacionados con la suspensión temporal de desahucio en materia de inquilinato, prohibición de terminación de pólizas de salud ni suspensión de su cobertura por mora, extensión de cobertura del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y facilidades de pago a la seguridad social, fueron consensuados.
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