La Comisión de Régimen Económico, presidida por la Asambleísta Mireya Pazmiño, aprobó los informes encargados por el Pleno de la Asamblea Nacional respecto de la situación actual del Banco del Pacífico y su posible venta. Los análisis de la Comisión señalan cambios en los indicadores del Banco ocasionados por cambios de administraciones.
Los indicadores del Banco del Pacífico refleja los intereses de sus administrados. El Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador resolvió encargar a la Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control el desarrollo de los informes respecto a la situación del Banco del Pacífico. Por un lado, dentro de la primera solicitud del Pleno hacia la Comisión se solicita analizar la actual realidad y todos los precedentes financieros y jurídicos del Banco del Pacífico y sus perspectivas financieras. Por otro lado, en el segundo requerimiento del Pleno hacia la Comisión se pide realizar un informe trimestral sobre el proceso de valorización, desinversión y eventual venta del Banco del Pacífico.
De información pública se evidencia que en 2001 el Banco del Pacífico estaba apunto de quebrar, por lo que el Estado asumió su control. Durante los siguientes 20 años el Banco del Pacífico creció en más de 20 veces, presentando indicadores positivos. Sin embargo, en el 2021, con el cambio de administradores, se observa una afectación a su utilidad que incide negativamente en su valoración, precisamente cuando el Gobierno anuncia su venta.
En declaraciones públicas, el presidente del Ecuador, Guillermo Lasso, indicó que de ser vendido el Banco del Pacífico estos recursos serían destinados al desarrollo de proyectos sociales como combatir la desnutrición infantil. De acuerdo a la norma vigente esto no es factible ya que son recursos de la Coorporación Financiera Nacional. De trasladarse estos recursos a gasto social, se descapitalizaría a la CFN y por tanto al Estado ecuatoriano.
En conclusión, con la venta del Banco del Pacífico todos los ecuatorianos perderíamos.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
