La Comisión Especializada de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control, presidida por la asambleísta Mireya Pazmiño Arregui, aprobó el informe para segundo debate del proyecto de Ley Reformatoria al Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, con la finalidad de garantizar presupuestos incrementales para salud y educación.
Existe un incumplimiento de las disposiciones constitucionales décimo octava y vidésgimo segunda que establecen que los presupuestos de salud y educación inicial, básica y bachillerato se incrementen en 0.5% del PIB hasta alcanzar el 4% y 6% respectivamente. Entre los años 2018 y 2022 a la salud se le redujo $761 millones y a la educación $1.059 millones. Esta propuesta busca normar las disposiciones constitucionales con el fin de garantizar el cumplimiento de las disposiciones transitorias antes mencionadas, en función del valor más alto entre el presupuesto inicial y el codificado, con lo cual se restringe la posibilidad de que los recursos para salud y educación disminuyan en el tiempo, como sucedió entre los años 2018 y 2022.
Así mismo, el proyecto define claramente qué rubros se deben computar en el cálculo de las preasignaciones para estos dos sectores, lo que hace más transparente en el Presupuesto General del Estado (PGE).
Además, se impide que los presupuestos de la educación superior sufran modificaciones presupuestarias a la baja a lo largo del año y permite que la Asamblea Nacional realice una fiscalización más efectiva sobre el proceso de elaboración y ejecución del PGE.
Mireya Pazmiño Arregui
Representante por la provincia de Bolívar 2025-2029
Experiencia Laboral
Ejerció como profesional del derecho y en el ámbito público que le brindó un sólido conocimiento en derecho procesal, mediación, administración pública y temas económicos, que luego aplicaría en su labor legislativa:
Secretaria en el Juzgado de Coactivas de la Agencia de Garantía de Depósitos (AGD, 2008-2009)
Consejo de la Judicatura (2012),
Analista jurídica y asesora en la Dirección Provincial del Registro Civil de Bolívar (2013-2014)
Mediadora coordinadora en el Consejo de la Judicatura de Bolívar (2014-2017)
Docente en la Universidad Estatal de Bolívar (2015-2018).
Trayectoria Legislativa
En su primer periodo (2021-2023) fue elegida asambleísta por la provincia de Bolívar y se consolidó como una legisladora activa en temas económicos y de fiscalización, con una postura crítica frente a políticas lesivas para la economía popular y la soberanía nacional.
Como presidenta de la Comisión de Régimen Económico y Tributario lideró el análisis y aprobación de informes sobre la situación del Banco del Pacífico y su posible venta, y reformas al Código Orgánico Monetario y Financiero.
Bajo su presidencia, la comisión unificó proyectos de reforma monetaria y procesó asuntos de alta sensibilidad como la prevención de lavado de activos y la fiscalización de casos de corrupción vinculados a “El Gran Padrino”.
Entre las designaciones destacadas cuentan: Miembro del Grupo Parlamentario por la Garantía de los Derechos de las Mujeres; Representante ante el Parlamento Latino Americano y Caribeño, en la mesa de Asuntos Económicos, Deuda Social y Desarrollo Regional; Vicepresidenta de la Comisión Ocasional Multipartidista que investigó las denuncias de corrupción en el gobierno, en el caso denominado "El Gran Padrino"; integrante de la Comisión Especializada Ocasional por la Verdad, Justicia y Reparación del caso de María Belén Bernal.
Gestión Parlamentaria
En este nuevo periodo (2025-2029) advirtió sobre riesgos macro-fiscales, ambientales y de soberanía en proyectos de ley económica urgente sobre minería y energía, y reformas al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Ha impulsado talleres de socialización de iniciativas legislativas en Bolívar y se ha posicionado en defensa de la Revolución Ciudadana frente a intentos de proscripción.
Su labor actual combina fiscalización, defensa de los sectores estratégicos y énfasis en protección social.
Continúa su labor de alta sensibilidad social a través de espacios como la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes: Impunidad en Violencia Sexual, Reformas al Código de la Niñez y Adolescencia, y seguimiento a la Resolución RL-2023-2025-170, que exige al Gobierno acciones concretas y presupuesto para la protección especial de niños en situación de riesgo.
