CONVOCATORIA A SESIÓN No. 659 – VIRTUAL
Fecha: martes 24 de marzo de 2020
Hora: 11:00
Orden del día:
1. Himno Nacional de la República del Ecuador.
2. Conocer y resolver el Proyecto de Resolución de Compromiso Político y Social frente a la Emergencia Sanitaria COVID-19.
La sesión virtual # 659 inicia con la comparecencia de 117 asambleístas de 137
El asambleísta Esteban Albornoz, expone en qué consiste el Proyecto de Resolución de Compromiso Político y Social frente a la Emergencia Sanitaria por el Covid-19, el mismo que busca precautelar la salud de los ecuatorianos La Asamblea Nacional se va a pronunciar a favor de la salud y de los más vulnerables. de forma unánime vamos a ratificar una resolución que busca expresar nuestra solidaridad a las familias afectadas por esta pandemia.
El parlamentario Pabel Muñoz señala: "insistiremos en que junto con los parlamentos lideremos una cruzada para que sea condonada la deuda de los organismos internacionales". Necesitamos construir un piso de protección social para los sectores vulnerables que incluya un paquete alimentario, un paquete sanitario y la transferencia de recursos.
En esta sesión, los asambleístas debatieron el proyecto de Resolución de Compromiso Político y Social, frente a la emergencia sanitaria, económica y social provocada por el Covid-1.
A pesar de que el presidente de la Legislatura, César Litardo, declaró que no plantean el no pago de la deuda, sino priorizar y centrarse en lo humano, destinando la mayor cantidad de recursos, los asambleístas de todas las bancadas y grupos parlamentarios están a favor de suspender, de manera inmediata, el pago de la deuda externa. Moratoria al pago de la deuda externa, renegociación e incluso condonación plantearon los legisladores, así como la renegociación de los contratos petroleros, de los cuales no se beneficia el Estado ecuatoriano.
Los asambleístas cuestionaron y condenaron la decisión del Gobierno Nacional, presidido por Lenín Moreno, de pagar 320 millones de dólares a los tenedores de bonos ecuatorianos. Esto demuestra, dijo Homero Castanier, de CREO, que no es verdad que al Ejecutivo le faltaba liquidez.
Que los recursos que se dejen de pagar financien las acciones que se deban desarrollar para proteger la vida de todos los ecuatorianos, como adquirir los medicamentos e insumos médicos para evitar la muerte de las personas que padecen la enfermedad viral; dotar de los implementos y medidas necesarias para los médicos y trabajadores de la salud, con el fin de garantizar su seguridad; adquirir los insumos y test para realizar la mayor cantidad de pruebas, con el fin disminuir el número de contagiados, plantearon los asambleístas.
Demandaron del presidente de la República que entregue un bono adicional, equivalente al 50% del salario básico unificado, a favor de los profesionales y trabajadores de la salud, como reconocimiento a su labor.
La parlamentaria Ana Belén Marín considera que se debe ampliar el registro social, para que un gran segmento de ciudadanos, que no está dentro de la población que recibe el bono de solidaridad, ni tampoco pueden acceder a un préstamo quirografario, se beneficien.
La asambleísta Mae Montaño planteó que los asambleístas donen el equivalente a dos días de sus sueldos (alrededor de 400 dólares), con el fin de crear un gran fondo al que pueden sumarse los trabajadores y funcionarios de la legislatura, para apoyar con alimentos a las personas que no pueden laborar porque tienen que quedarse en casa y ya no tienen dinero para alimentar a sus hijos.
Propuso, también, que los médicos y trabajadores de la salud no sean considerados dentro del decreto para rebajarles el sueldo en el 8% y garantizarles su estabilidad laboral.
El documento suscrito por todos los bloques legislativos exhorta a la Junta de Regulación Monetaria que, en el plazo de cinco días, emita la regulación sobre la reducción de las tasas y costos de los servicios financiero. Igualmente, emita la norma correspondiente para la suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses o capital de operaciones de crédito, otorgadas por la banca pública.
De la misma manera, al sistema financiero privado para que aplique una política similar, a fin de establecer facilidades en la reestructuración de créditos productivos, comerciales y de consumo, de tarjetas de crédito, sin costo, por moratoria o servicios de cobranzas, así como la reinversión de sus utilidades en el sistema financiero para fortalecer la producción nacional. Sin embargo, a la banca pública no se le pide suspensión, diferimiento, refinanciamiento, reestructuración o remisión de intereses o capital de operaciones de crédito otorgadas, como se lo hace a la banca pública.
Este último punto fue cuestionado por el legislador Pabel Muñoz, de la Revolución Ciudadana, quien planteó que se cobre un impuesto del 0.9% a los patrimonios mayores a un millón de dólares; un impuesto del 10% a las utilidades de la banca obtenidas en 2019; que las 15 empresas que fueron beneficiadas con la remisión (perdón) de intereses, multas y recargos, el año anterior, paguen un impuesto del 25% del monto del que se beneficiaron. Todo para la reactivación productiva.
Además, que los bancos den créditos a precios más bajos; que los créditos hipotecarios, productivos tengan intereses más bajos; que los mecanismos de transacción tengas cotas más bajas.
Los asambleístas propusieron también que las organizaciones políticas devuelvan el fondo partidario que ya recibieron y que el Estado no entregue recursos para financiar las campañas políticas y las actividades de movimientos y partidos políticos. Para el efecto se planteó que la Legislatura apruebe una ley que elimine la entrega de estos recursos.
Esta sesión fue aprobada con 120 votos a favor y se clausura la sesión virtual # 659.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
