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En la sesión 114 de la Comisión del Derecho a la Salud, que preside William Garzón, los legisladores escucharon las demandas de una funcionaria judicial sobre la obtención de los carnés de discapacidad; de un supuesto mal manejo de la ortodoncia en Quito; y, la problemática del Hospital de Especialidades de Portoviejo.
Julissa Salinas, jueza de la Unidad de Violencia de Ambato, con notoria discapacidad visual congénita, denunció que tiene una investigación en su contra por presunta adquisición de carné de discapacidad de manera dolosa. Explicó que dentro del informe emitido del Ministerio de Salud que determina que 98 jueces tienen carnés; de estos, 37 cumplen con los parámetros; tres, no; ella se encuentra dentro de los 58 en proceso de verificación.
Insistió que su discapacidad es física, pues tiene retinoblastoma. No obstante ha sido notificada con un expediente disciplinario de investigación para justificar que su carné ha sido obtenido de manera regular, sin verificarse su discapacidad, además que puede demostrar que adquirió el documento de manera legal. Pidió la intervención de la Asamblea para que su caso se analice minuciosamente.
Mala práctica odontológica
Mientras que, Gabriela Miranda, miembro de la Comisión de Control de Especialidades Odontológicas de la Sociedad de Ortodoncia y Ortopedia de Pichincha, sostuvo que la mala práctica y manejo de la profesión que existe por parte de algunos ortodoncistas, ha provocado un problema de salud pública. A su criterio existe falta de control y regulación de odontólogos que realizan procedimientos sin estar técnica ni legalmente capacitados.
Aseguró que las estadísticas revelan que hay una incidencia bastante alta con relación a retratamientos, como es el caso de la ortodoncia, con el 70 %.
Los directivos Eduardo Acevedo y Garzón Cabezas dijeron que actualmente la mala oclusión se ha convertido en una verdadera epidemia a causa de los inadecuados tratamientos. Sostuvieron se está jugando con la calidad de la medicina odontológica, que se ha vuelto en una subasta de los servicios.
Los especialista solicitaron que se respete lo escrito en la ley y se hagan efectivas las veedurías de control.
Estabilidad laboral
Por último, Mayra Guillén, vocera de los trabajadores del Hospital de Especialidades de Portoviejo, demandó de falta de asignación presupuestaria, la inestabilidad laboral y el incumplimiento de los beneficios establecidos en la Ley de Apoyo Humanitario.
Pidió se investigue el cambio de partidas a fondos de inversión del Hospital de Especialidades de Portoviejo. Aseguró que si no existe ese presupuesto se condena a la población manabita a viajar a otras provincias a realizarse estudios y diagnósticos, tras advertir que no sabe qué pasará con el crecimiento y operatividad del hospital.
El asambleísta Ángel Sinmaleza enfatizó que se debe analizar el accionar de las entidades de control ante estas problemáticas. Recordó que el Código de Salud vetado por el Ejecutivo, trataba estos inconvenientes, imponía sanciones y daba soluciones.
En una próxima sesión, pedirán que el informe relacionado con los carnés de discapacidad que fue elaborado por esta Comisión se trate dentro del Pleno de la Asamblea, a la brevedad posible. Además abordarán a profundidad el tema del Hospital de Especialidades de Portoviejo.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
