INFORME PRELIMINAR DE RENDICIÓN DE CUENTAS PERIODO 2020 DEL DESPACHO DE LA ASAMBLEÍSTA NANCY GUAMBA DÍAZ
1.- BASE JURÍDICA.
Constitución de la República del Ecuador.
“Art. 100.- En todos los niveles de gobierno se conformarán instancias de participación integradas por autoridades electas, representantes del régimen dependiente y representantes de la sociedad del ámbito territorial de cada nivel de gobierno, que funcionarán regidas por principios democráticos. La participación en estas instancias se ejerce para:
Elaborar planes y políticas nacionales, locales y sectoriales entre los gobiernos y la ciudadanía.
Mejorar la calidad de la inversión pública y definir agendas de desarrollo.
Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos.
Fortalecer la democracia con mecanismos permanentes de transparencia, rendición de cuentas y control social.
Promover la formación ciudadana e impulsar procesos de comunicación.”(Comillas y negritas me corresponden)
Ley Orgánica de Participación Ciudadana
“Art. 88.- Derecho ciudadano a la rendición de cuentas.- Las ciudadanas y ciudadanos, en forma individual o colectiva, comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, pueblos afro ecuatoriano y montubio, y demás formas lícitas de organización, podrán solicitar una vez al año la rendición de cuentas a las instituciones públicas o privadas que presten servicios públicos, manejen recursos públicos o desarrollen actividades de interés público, así como a los medios de comunicación social, siempre que tal rendición de cuentas no esté contemplada mediante otro procedimiento en la Constitución y las leyes.”
2.- INTRODUCCIÓN.
La Asamblea Nacional del Ecuador cuenta con 137 asambleístas electos por votación popular de los cuales se elige un presidente, que es la persona encargada de administrar los fondos de los que dispone este organismo, en ese sentido ningún despacho de Asambleísta dispone de fondos públicos y por ende la Rendición de cuentas que se presenta a la ciudadanía es de la Gestión realizada por el despacho de la Asambleísta Nancy Guamba Díaz durante el periodo 2020.
3.- INFORME DEL DESPACHO.
Las atribuciones y deberes de la Asamblea Nacional del Ecuador como primera Función del Estado se encuentran descritos en el Art. 120 de la Constitución de la República del Ecuador y en el Art. 110 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, siendo los deberes y atribuciones que más se ejercen: la de Legislar y la de Fiscalizar.
Las atribuciones y deberes de los asambleístas se ejecutan en los siguientes espacios: Pleno de la Asamblea Nacional, Comisiones especializadas y ocasionales, Grupos parlamentarios y despachos.
3.1. Pleno de la Asamblea Nacional Legislación
Se asistieron a 118 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional donde se han tramitado un total de 20 leyes de las cuales 19 se fueron publicados en el Registro Oficial y una ley fue objetada totalmente (Código Orgánico de Salud), nuestro despacho se centró especialmente en el análisis de todo lo relativo del derechos a la Salud, debido a que nos encontramos atravesando un período de pandemia alrededor de la enfermedad que genera el virus SARS-CoV-2 o Covid 19, sin que eso signifique dejar de lado el análisis de los demás cuerpos normativos presentados ante el Pleno de la Asamblea Nacional. Al ejercer la siguiente función y atribución:
Expedir, codificar, reformar y derogar las leyes, e interpretarlas con carácter generalmente obligatorio.
Código de la Democracia.
El período Legislativo inicia en la Asamblea Nacional con el debate al Código de la Democracia, donde se planteaba la eliminación de los Distritos Electorales en las ciudades densamente pobladas. Al hacerlo se generaba una ventaja de los personajes públicos, sobre líderes territoriales o personas sin acceso a medios de comunicación y es la reforma que no lo permitimos.
A esta fecha ya se sabía de la existencia de la pandemia, sin embargo se colocaban en agenda temas que nada tenían que ver con la gestión de la misma. Por el contrario se evidenciaban claras intenciones de consolidar un paquetazo que vino con el nombre de la Ley Humanitaria.
Ley Humanitaria
Desde nuestro despacho propusimos una contribución del 2% del valor de los inmuebles cuyos propietarios mantienen sociedades domiciliadas en Paraísos Fiscales, para obtener recursos que permitan gestionar la pandemia.
En lugar de eso prefirieron permitir una disminución en los sueldos y despidos masivos en todos los sectores productivos y especialmente en el sector público a quienes además les bajaron los sueldos a nivel general.
Como se puede ver en la gráfica, con firmeza la Revolución Ciudadana voto en contra de esta ley.
Código Orgánico de la Salud
Nos opusimos al veto emitido por el Presidente de la República Lenin Moreno, al Código Orgánico de la Salud, pues mucho de lo establecido en ese cuerpo normativo habría ayudado en la gestión de la crisis, como por ejemplo la articulación de todas las clínicas y casas de salud de todo el país bajo un mando unificado, pues el código coloca como prioridad a la persona y luego al capital. Con el veto se pierden:
La actualización del cuadro básico de medicamentos que deja en la indefensión a personas que sufren de enfermedades catastróficas.
El control sobre el sistema privado para evitar posibles abusos a sus clientes, así como la mala práctica médica.
La Red Pública de Salud que hace que las clínicas prioricen el bienestar del paciente antes que el capital.
La garantía de una atención integral con medicinas y seguimiento al paciente vía consulta y re consulta.
La prioridad de atención obstétrica en caso de riesgo de la madre frente al niño.
Los puntos expuestos en el párrafo anterior son solo algunos de los más relevantes dentro del Código de la Salud que se pierden gracias a un veto realizado por Lenin Moreno a pedido del señor Guillermo Lasso.
3.2. Pleno de la Asamblea Nacional Fiscalización
Es competencia de la Asamblea Nacional.
Fiscalizar los actos de las funciones Ejecutiva, Electoral y de Transparencia y Control Social, y los otros órganos del poder público, y requerir a las servidoras y servidores públicos las informaciones que considere necesarias.
En este contexto y debido a la indolencia demostrada durante el proceso de construcción de leyes, se realizó un fuerte trabajo de Fiscalización principalmente en el área de salud para saber si la actuación de los Ministros de Salud estaba acorde con la ley, para lo cual se realizaron 13 pedidos de información, llamadas a comparecencia ante el Pleno de la Asamblea y contacto con el personal del sistema de salud. De ahí que las diferentes presiones desembocaron en las siguientes acciones de control político:
Caso reparto de hospitales.
Denunciado en Diciembre de 2019 las secuelas se prolongan durante todo el año 2020, pues se evidencian una gran cantidad de negociados al interior del sistema de salud, vinculados a la familia Bucarán, con el caso de Daniel Salcedo que vendía insumos médicos con sobreprecio en plena pandemia.
Durante este período las denuncias no cesaron desde todos los lugares de la Administración pública, con casos como: 1) Sobreprecios en mascarillas KN95 y otros insumos médicos, durante el ejercicio de la presidencia del directorio del IESS del doctor en jurisprudencia Paúl Granda, 2) Compra con sobreprecios en Kits alimenticios (Costaba 80 y se compró en 150) por parte de la Secretaría de Riesgos en la administración de la Lcda. Alexandra Ocles, 3) Sobreprecios de 1.113% en compra de fundas para cadáveres realizadas por los hospitales Ceibos y Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil.
Entre los implicados aparece la figura del ex Vicepresidente de la República Otto Sonnenholzner cuyos guardaespaldas habrían dado seguridad a los ciudadanos de origen israelí encargados de vender insumos médicos y que una vez llevados a prisión uno de ellos resultó asesinado al interior de la penitenciaría.
El economista Otto Sonnenholzner renuncia a la vicepresidencia y el Presidente Lenin Moreno remite una terna a la Asamblea Nacional para su reemplazo, misma que estaba conformada de la siguiente manera: Abogada María Paula Romo, Sociólogo Juan Sebastián Roldán y la Abogada María Alejandra Muñoz, siendo esta última elegida como nueva Vicepresidenta tras el escándalo de la vinculación de María Paula Romo en el caso del reparto de hospitales, una vez que el ex Asambleísta Daniel Mendoza implicado en el caso de corrupción del hospital de Pedernales realiza sus declaraciones evidenciándola como responsable directa en el reparto de entidades del Estado a cambio de votos en la Asamblea Nacional.
Caso Carnés de Discapacidad.
Tras la detención de Daniel Salcedo acusado de peculado, se detecta que adicionalmente tenía carnés de discapacidad obtenidos de manera irregular y que habían sido utilizados para evadir impuestos en la importación de autos de lujo.
1140 carnés falsos entraron en proceso de anulación. Se destaca que entre quienes eran poseedores de los mismos se encontraban 10 Asambleístas, 104 Jueces, 42 agentes fiscales, 19 notarios e incluso el Presidente del Consejo de Participación Ciudadana Ing. Cristian Cruz.
Casos como el del esposo de la ex presidenta de la Asamblea Elizabeth Cabezas que paso a segundo plano en la investigación o del legislador Fabricio Villamar quien evadió por todos medios la investigación realizada desde la Comisión Especializada del Derecho a la Salud dejaron mucho que desear.
En este sentido realicé el exhorto al interior del Pleno de la Asamblea Nacional, solicitando se llame a juicio político a todos los implicados y especialmente a la Ministra Catalina Andramuño, pues durante su administración es donde operó esta red de corrupción. Donde se evidencia un claro acto de incumplimiento de funciones.
Al momento en este proceso el único interpelado fue el Ing. Cristian Cruz del Consejo de Participación Ciudadana.
Es necesario puntualizar que el informe presentado por la Comisión Especializada del Derecho a la Salud con respecto a la emisión de carnés de manera irregular, recomendaba lo siguiente:
Se proceda al enjuiciamiento político al Ministro de Salud Pública doctor Juan Carlos Zevallos;
Se proceda al enjuiciamiento político al señor Xavier Torres Correa; presidente del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades.
Se inicie el trámite de juicio político a la ex Ministra de Salud Pública, doctora Catalina de Lourdes Andramuño Zevallos; y,
Se proceda a juicio político del Asambleísta Fabricio Villamar
Juicio político Ing. Christian Cruz.
Juicio Político en contra del Presidente y Consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Ing. Christian Antonio Cruz Larrea, por las implicaciones en el caso de la obtención de carnés de discapacidad de manera irregular.
Esta moción es aprobada con 124 votos afirmativos y cinco abstenciones.
Renuncia de la Ministra Andramuño.
Los escándalos de corrupción, más la falta de eficiencia en el manejo de la crisis generada a partir del Covid 19; donde, especialmente en la ciudad de Guayaquil personas morían por todas partes, al estar los hospitales colapsados no había una adecuada gestión de cadáveres, lo que ocasionó escenas como: ataúdes que tenían cuerpos en descomposición abandonados en la vía pública, personas cuyos familiares fueron confundidos en las morgues a muchos les entregaron cuerpos que no eran los de su familia, personas que pasaron hasta 15 días durmiendo junto a su familiar muerto, pues no venían a retirar el cadáver.
Todas las quejas apuntalaban un inevitable juicio político a la ex Ministra Catalina Andramuño que repentinamente se detuvo cuando presentó su renuncia acompañada de una carta pública que decía: Que nunca recibió los fondos necesarios para gestionar la pandemia pese a haberlos solicitado desde diciembre del año pasado, situación que se agrava más cuando funcionarios de la Presidencia sin experiencia médica empiezan a dar contraindicaciones.
Es en este sentido que varias he solicitado, que a través de la Comisión Especializada del Derecho a la Salud se la llame a juicio político pues de acuerdo a la ley una vez transcurrido un año de la salida del funcionario de su cargo no podrá ser interpelado por la Asamblea Nacional.
Al tomar posesión del cargo de Ministro de Salud Dr. Juan Carlos Cevallos, se volvió a evidenciar la existencia de presiones para obtener cargos públicos al interior de centros hospitalarios. Pues durante una sesión fue el mismo Ministro quien dijo que varios Asambleístas estaban presionando por cargos públicos al interior del sistema de salud. Fue por ello que a través de un cambio en el orden del día solicité su comparecencia.
Llamado a comparecencia Ministro de Salud Dr. Juan Carlos Zeballos
Solicitamos la modificación en el orden del día para que el Pleno de la Asamblea Nacional llame a comparecencia al Ministro de Salud Dr. Juan Carlos Zeballos y se le disponga dar los nombres de los Asambleístas que le pidieron cargos públicos tal como lo señalo ante medios de comunicación, a la vez pueda informar sobre el colapso hospitalario.
La moción es aprobada por todos los Asambleístas sin embargo nunca se hizo efectivo el pedido por parte del señor Presidente de la Asamblea.
Denuncia pública priorización de pago deuda externa vs Covid - 19
Denuncié al interior del Pleno de la Asamblea Nacional sobre la inexistencia de los 760 millones de dólares para la compra de equipos médicos, de protección, medicamentos y demás requerimientos para la atención de la pandemia, expuestos por el señor Presidente de la República. Mientras a la misma fecha se pagaba al Fondo Monetario Internacional 1.200 millones de dólares.
Juicio Político Ministra del Interior María Paula Romo.
Juicio Político a la Ministra del Interior María Paula Romo presentado por la compañera de la bancada de la Revolución Ciudadana Asambleísta Amapola Naranjo.
La ex Ministra del Interior tenía varias posibles implicaciones, como: El reparto de hospitales, la crisis penitenciaria y la violencia durante las movilizaciones de Octubre. Siendo la violencia de Octubre la que genera su salida.
Recepción de informes anuales
Siendo también competencia de la Asamblea Nacional el Conocer los informes anuales que deben presentar la Presidenta o Presidente de la República, de la Función Electoral y de Transparencia y Control Social y pronunciarse al respecto.
Se asistió a cada uno de ellos y nos pronunciamos en varias ocasiones especialmente tras el informe del Defensor Público. CONVOCATORIA SESIÓN #649 Presentación de Informes Anuales de Labores, del Defensor Público Dr. Ángel Torres Machuca y del Presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el Dr. Arturo Cabrera
Fecha: martes 28 de enero de 2020
Frente a estos informes de labores, la posición del Despacho planteaba a la Defensoría Pública que elimine el techo de los montos de deuda sobre los cuales califica la defensa de personas judicializadas por la banca, al no poder cumplir con sus obligaciones tras la crisis inducida por la Presidencia de la República.
3.3. COMISIÓN DE LA SALUD LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN
La Comisión Especializada del Derecho a la Salud realizó 86 sesiones durante el período fiscal en análisis en donde se invitó a médicos y especialistas de las diferentes áreas de salud a clarificar las posibles soluciones técnicas que podrían ser implementadas frente a la crisis.
Tras aclarar las diferentes posiciones técnicas que tenían especialistas y científicos, de manera inmediata se llamó a comparecer ante la Comisión Especializada del Derecho a la Salud a los distintos Ministros de Estado encargados de la Gestión de la Pandemia, especialmente al Economista de finanzas Econ. Richar Martínez, al Dr. Juan Carlos Zeballos Ministro de Salud y al Ing. Jorge Wated Presidente del Directorio del IESS.
Donde se demostró que solo adaptaron la infraestructura sanitaria existente para la gestión de la pandemia, pues la ampliación de recursos fue mínima. En este sentido las recomendaciones generadas por médicos y científicos fueron remitidas al COE, mientras que el tema de recursos fue fiscalizado.
Mientras se realizaba el ejercicio fiscalizador al servicio de contratación pública, sobre cuáles eran los montos ejecutados adicionalmente para la gestión de la crisis al 19 de abril, dado que el Ministro de Finanzas había argumentado que fueron destinados 760 millones de dólares, siendo su respuesta que lo ejecutado fue de 20.973.876,25 dólares de ahí que se llamó a comparecer a los Ministros responsables de Finanzas, Salud e IESS.
Producto de esta falta de financiamiento es la permanente carencia de medicamentos e insumos médicos necesarios para el tratamiento del Covid 19 y otras enfermedades, como es el caso de las enfermedades catastróficas, raras o huérfanas.
La presión desde la Comisión Especializada del Derecho a la Salud, dio como resultado la resolución de la Asamblea para la toma de medidas que garanticen la entrega de medicamentos.
A pesar de la resolución, las quejas por la falta de medicinas, insumos médicos, equipos de bioseguridad, inestabilidad laboral de médicos, técnicos de atención básica en salud y personal de internado rotativo son constantes.
3.4. PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La participación ciudadana es parte importante del proceso de construcción de leyes, es así que durante el 2020 participaron 2.249 personas, siendo la Comisión Especializada del Derecho a la Salud la que más participación registra con un total de 262 comparecientes a las reuniones, tal como se refleja en el cuadro que se presenta a continuación:
Desde nuestro Despacho se ha impulsado la participación ciudadana a través de diferentes medios telemáticos.
116 Reuniones con organizaciones de la sociedad civil, profesionales, funcionarios públicos y demás actores relacionados al ámbito de la salud.
Del mismo modo se trabajó en los diferentes grupos parlamentarios como:
Grupo Parlamentario por el Bienestar Animal
Se reunieron representantes de grupos animalistas y médicos veterinarios quienes hablaron sobre fauna urbana, campañas para evitar el abandono.
Grupo Parlamentario de los Derechos Humanos
Se realizaron análisis y seguimiento a todo el proceso de lo que significó la crisis penitenciaria.
En coordinación con la Defensoría del Pueblo se realizó el seguimiento de las denuncias de violación a los Derechos Humanos que sucedieron durante las manifestaciones del mes de Octubre de 2019.
Donde se concluye lo siguiente:
Existió uso excesivo uso de la fuerza.
El Estado Ecuatoriano, a través de sus agentes, violentaron gravemente los derechos a la vida.
El discurso de las autoridades de Gobierno posicionó una interpretación parcial de la realidad.
La Comisión de la Verdad recibió 519 testimonios, de donde 249 corresponden a vulneraciones de Derechos Humanos perpetrados por agentes estatales.
Conclusiones.
Las leyes fueron aprobadas mediante mayorías móviles que dadas las denuncias de reparto de hospitales y otras entidades del Estado podrían haberse realizado mediante la compra de votos por cargos.
Cuando se trata de una moción en temas de ética como la comprobación de un acto de corrupción todos los y las Asambleístas votan a favor pero después nunca lo ponen en el orden del día. (Interpelación a declaraciones del Ministro Zevallos presiones para la obtención de cargos públicos)
El Covid 19 se trató con las capacidades instaladas que ya existían, no se dio un solo de proceso adicional de inversión en infraestructura, tanto que se privilegia el pago de la deuda a la inversión para salvar vidas durante la pandemia.
Asambleísta por la provincia de Pichincha | Integrante de la Comisión Del Derecho a la Salud |
