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El presidente de la Comisión de Enmienda Constitucional, Juan Carlos Cassinelli, sugirió no acoger la propuesta de cambio del artículo 214, sobre la Defensoría del Pueblo que propone “tener delegados observando la división territorial judicial”.
El parlamentario fundamentó su pedido indicando que la Defensoría no corresponde al ámbito judicial, pues es un órgano de control que pertenece a la Función de Transparencia y Control Social.
Explicó que el artículo 204 de la Constitución determina que la Función de Transparencia y Control Social estará formada por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría General del Estado y las superintendencias. Estas entidades tendrán personalidad jurídica y autonomía administrativa, financiera, presupuestaria y organizativa.
Mientras que el artículo 214 de la Constitución prevé que la Defensoría del Pueblo será un órgano de derecho público con jurisdicción nacional, personalidad jurídica y autonomía administrativa y financiera. Su estructura será desconcentrada y tendrá delegados en cada provincia y en el exterior, agregó Juan Carlos Cassinelli.
Además, indicó que según los artículos 178 y 179 la Defensoría del Pueblo no es un órgano jurisdiccional y el Defensor tampoco integra el Consejo de la Judicatura.
Actualmente, este órgano de control tiene 29 unidades en territorio, más de una por provincia, por tanto, para cambiar la organización de la Defensoría, es suficiente una reforma legal y no mediante una enmienda constitucional, dijo.
De su lado, el asambleísta Luis Fernando Torres señaló que la enmienda sobre la Defensoría del Pueblo es irrelevante e impertinente. Con la enmienda se habilitaría al Defensor del Pueblo la facultad de que pueda nombrar más delegados en función del circuito judicial lo cual generaría más gasto público, aseveró.
JLVN/pv
