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En el borrador del informe que preparó la Comisión de Enmienda Constitucional se clasifica las enmiendas en tres grupos: las que amplían derechos establecidos en la Constitución, para adaptar el texto constitucional a las nuevas condiciones sociales; y para procurar la eficacia normativa del texto constitucional.
Ampliar derechos
En este grupo se incluye a la propuesta sobre la postulación para reelección de todas las autoridades de elección popular. La propuesta pretende suprimir la restricción actual del número de veces en que un ciudadano puede candidatizarse para ser reelegido; y, de este modo, ampliar los derechos ciudadanos a elegir y ser elegidos.
También está la reducción de la edad para ser candidato a Presidente/a y Vicepresidente/a, de la República. Se sustenta en la ampliación del derecho a la participación en espacios del poder público, apoyado por la intención del constituyente y por el análisis del derecho comparado.
También, se toma en cuenta la enmienda que garantiza las pensiones jubilares de los miembros de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, a fin de asegurar su derecho a la seguridad social.
Adaptar el texto constitucional
En este aspecto se incluye la enmienda que actualiza el rol de las Fuerzas Armadas en la coordinación interinstitucional que procura la garantía del derecho a la seguridad integral. El argumento principal es la adaptación a nuevas circunstancias (por la complejidad de los nuevos mecanismos de delincuencia transnacional) apoyado por el enfoque de seguridad integral (desarrollado en el Plan Nacional de Seguridad Integral).
Eficacia normativa
En este grupo se encuentra la propuesta de enmienda que por un lado, esclarece el sentido de que los gobiernos autónomos descentralizados al no tener derechos sino competencias, pueden consultar aquello que sea de su jurisdicción y competencia; por otro, enfatizar los límites normados de aquellos temas sobre los cuales los ciudadanos pueden convocar a consulta popular.
Así mismo, consta la enmienda que habla sobre las competencias de la Contraloría General del Estado. Se pretende evitar la duplicidad de funciones entre la Contraloría General del Estado con otras entidades del sector público tanto para la especialización como para no vulnerar el principio de eficiencia en la administración pública.
Se considera, además, la enmienda sobre los obreros y servidores del sector público, que pretende conseguir la igualdad material de los ciudadanos que trabajen en el sector público, basada en el principio de igualdad apoyado por la garantía de salvaguardia de los derechos adquiridos.
Igualmente, se registra la propuesta de enmienda que pretenden armonizar la prestación de los servicios públicos de salud y educación, mediante la subsanación de la antinomia jurídica que otorga virtualmente similares competencias exclusivas a dos distintos niveles de gobierno, de modo que se garantice la efectividad y goce de tales derechos.
En este ámbito se toma en cuenta la propuesta que corrige un error gramatical en cuanto a la naturaleza previsional propia de la Seguridad Social; la propuesta de enmienda pretende garantizar los derechos de comunicación de los ciudadanos mediante la introducción de la comunicación como un servicio público. Se agrupó, ademas, la eliminación del plazo para la conformación de regiones autónomas.
En torno a la enmienda relativa a la organización territorial de la Defensoría del Pueblo que propone enmendar el artículo 214 de la Constitución, la comisión sugiere la no aprobación por violar el principio de autonomía administrativa; y, por tanto, no se encasilla dentro de ninguna de las clasificaciones presentadas.
El presidente de la comisión, Juan Carlos Cassinelli, suspendió la sesión para retomarla a partir de las 15:15.
El parlamentario anunció que luego de la lectura se dará espacio para que los legisladores emitan sus comentarios al texto de enmienda constitucional.
JLVN/pv
