La Comisión de Régimen Económico verificó que la Proforma de este año cumple con la regla fiscal prevista en la Constitución. Esa ecuación se comprueba si es que los ingresos permanentes superan los egresos permanentes. Y, eso sucede en este año. El primer rubro llega a unos 20 mil 272 millones de dólares y el segundo a 19 mil 175 millones de dólares, es decir, se comprueba un superávit de alrededor de mil millones de dólares.
Así lo explicó Pabel Muñoz, presidente de la Comisión de Régimen Económico, durante la presentación del informe que preparó esta mesa respecto al presupuesto para este año. A la Asamblea lo que le corresponde es validar ese mandato, verificar que cumple la ley, si se ajusta al Plan Nacional de Desarrollo y si se enmarca en la normativa, en cuanto al límite de endeudamiento.
Recordó que la Proforma de 2017 llega a 36 mil 818 millones de dólares, de la cual ya se ha ejecutado el 39 % de los recursos. Comparada con la devengada de 2016, hay un incremento del 8 %.
Aunque hay un superávit entre los ingresos y egresos permanentes, presenta, en cambio, un déficit en los no permanentes de 5 mil 891 millones de dólares. Pero, estos últimos son compensados con los mil millones del superávit de los ingresos y egresos permanentes, lo que deja un déficit global de 4 mil 794 millones de dólares.
Muñoz verificó el aumento del presupuesto para el sector social y asignaciones importantes para cumplir los Objetivos de Desarrollo, que alcanzan 16 mil 717 millones de dólares, cuya cifra más alta es para educación, salud, paz y justicia, así como erradicación de la pobreza.
En salud y educación se cumple, además, lo que indica la Constitución. Dijo que por primera vez se ejecuta la asignación del 4 % del Producto Interno Bruto (PIB) para salud. La meta, según la Constitución, es llegar al 6 %. “Vamos avanzando”, aseveró. Este año, para salud se destinan 4 mil 097 millones de dólares. Aclaró que la mayoría de los gastos permanentes son para salud, educación y seguridad.
En el caso de educación, la asignación llega a 3 mil 962 millones de dólares y representa el 3,9 % del PIB. Aquí el asambleísta hizo un paréntesis para aclarar que, aunque se cumple la normativa, se advierte una disminución en el presupuesto de universidades, por lo que sugieren al Ministerio de Finanzas coordinar acciones para que se asignen recursos que permitan alcanzar la meta de incrementar al 33 % el ingreso de estudiantes.
Para los gobiernos autónomos descentralizados, las asignaciones alcanzan 3 mil 207 millones de dólares, que incluye el 21 % de ingresos permanentes y el 10 % de los no permanentes, tal como establece la Ley.
La Comisión también incluyó en el informe algunas recomendaciones, como pedir al Ministerio de Finanzas y al Banco Central un monitoreo permanente del comportamiento de la balanza comercial. A este tema lo calificó como un “talón de Aquiles”, puesto que la balanza no petrolera es negativa, con un déficit de más de mil millones de dólares.
Piden al Ministerio de Trabajo y a la Secretaría de Planificación elaboren una programación para el pago de la totalidad de los haberes pendientes por incentivo de jubilación de los servidores públicos; a la Secretaría de Educación Superior, a la Secretaría de Planificación y al Ministerio de Finanzas que definan un esquema para la utilización de los recursos asociados a la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y la renta para las universidades.
En lo macroeconómico, el asambleísta manifestó que se prevé un crecimiento de la economía de 0,71 %, lo que se ajusta al contexto económico e histórico de los últimos diez años, en los cuales se advirtió un crecimiento promedio del 3.4 % del PIB, cuando la media de la región era del 2,5 %.
Recordó que en la última década se priorizó la inversión en áreas como salud, educación, infraestructura, que pasó del 4,7 %, entre el 2000 y 2006, al 11 %, entre el 2006 y 2016. Destacó que esta política hizo que Ecuador cada vez dependa menos del petróleo
LILA/pv
Quiteño, candidato a PHD en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires-Argentina, especialista en Sociología del Desarrollo, con experiencia en docencia e investigación.
Asambleísta por la Provincia de Pichincha en el periodo 2017 -2021 y para el periodo 2021-2025. En este periodo forma parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.
Miembro del Comité Permanente de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Docente universitario y responsable de espacios de pensamiento político y económico.
