El Pleno de la Asamblea Nacional inició el debate del proyecto de resolución sobre la pregunta No. 3 de la consulta popular, referente a la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de iniciativa del asambleísta Pabel Muñoz.
Los parlamentarios de las diferentes bancadas legislativas centraron su debate en señalar que el pueblo como mandante tiene derecho a expresar su opinión a través de la consulta popular, la capacidad fiscalizadora que tiene la Asamblea Nacional y la pretensión de otorgar a un Consejo de Participación Ciudadana Transitorio esta facultad.
El segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, Carlos Bergmann, en la dirección del Pleno, luego de la intervención de 15 legisladores, suspendió la sesión.
Cabe recordar que el presidente de la República, Lenín Moreno, en la pregunta 3 consulta a la ciudadanía si “está usted de acuerdo con enmendar la Constitución de la República del Ecuador para reestructurar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como dar por terminado el período constitucional de sus actuales miembros y que el Consejo que asuma transitoriamente sus funciones tenga potestad de evaluar el desempeño de las autoridades cuya designación le corresponde, pudiendo, de ser el caso, anticipar la terminación de sus periodos”.
Sobre este particular, el asambleísta Pabel Muñoz enfatizó que el proyecto, de su autoría, no se opone al derecho que tiene el pueblo de expresar su criterio en las urnas, sino que está orientado a que la Corte Constitucional vele y cuide la constitucionalidad de las preguntas, en lo relacionado con el proceso de transición de este órgano de control para que no se arroguen competencias. De esta forma, cuando lleguen las ternas por parte del Ejecutivo esté presente la voz ciudadana, dentro de un margen de respeto pleno a cada función del Estado.
Mencionó que “existen tres elementos que deben ser tomados en cuenta y que nos unen como ciudadanos: la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, las críticas al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por no cumplir la tarea encomendada en la Constitución, y el respeto pleno de competencias y responsabilidades de cada función del Estado”.
En el debate, la legisladora Verónica Arias indicó que la instauración de un consejo transitorio, integrado por ternas del Ejecutivo, con atribuciones no establecidas en la Constitución, en lo que tiene que ver con la fiscalización, atenta al derecho que tiene la Asamblea Nacional en esta materia.
Por su parte, la asambleísta Soledad Buendía aclaró que nadie está en contra de la consulta popular como mecanismo de expresión del pueblo, pero que no está de acuerdo con el contenido de la pregunta en razón de que afectaría la estructura del Estado porque se crearía un consejo transitorio con funciones ilegítimas, pues se le pretende dar facultades que le competen a la Asamblea.
Gabriela Rivadeneira advirtió que la pregunta 3 contradice expresas normas constitucionales relativas a la división de funciones. “Es nuestro deber vigilar el cumplimiento de la Constitución”, agregó.
Así mismo, algunos parlamentarios consideraron que preguntar al pueblo sobre la pregunta 3 de la consulta popular no irrespeta a la estructura del Estado. Precisaron que la ciudadanía sabrá decidir sobre el futuro de la nación y que no se puede privar al pueblo de su derecho a pronunciarse en la consulta popular planteada por el Ejecutivo, más aún cuando es un mecanismo y derecho establecido en la Constitución de la República.
En este marco, el parlamentario Jaime Olivo, al señalar que los pueblos, nacionalidades y comunidades quieren un Estado incluyente, participativo, que respete el valor de la solidaridad y reciprocidad en democracia, precisó que el pueblo es el mandante, por tanto, tiene derecho a expresar su opinión a través de la consulta popular.
El legislador Luis Pachala indicó que sobre la pregunta 3 planteada por el Ejecutivo hay jurisprudencia, con dictamen de la Corte Constitucional, en la consulta popular de 2011, que viabilizó la reestructuración del Consejo de la Judicatura. Esto no cambió la estructura del Estado, no vulneró ni limitó derechos constitucionales. En este marco, mocionó el archivo del proyecto de resolución, aspecto que también fue expuesto por el legislador Guillermo Celi. Los legisladores señalaron que la Corte Constitucional debe tramitar y ofrecer una respuesta inmediata al clamor ciudadano.
Henry Cucalón manifestó el apoyo de su bancada a la consulta popular y todas las preguntas allí planteadas, no solo la número 3. Mientras, Eliseo Azuero mencionó que la resolución en debate pretende incidir en la Corte Constitucional.
JLVN/pv
Quiteño, candidato a PHD en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires-Argentina, especialista en Sociología del Desarrollo, con experiencia en docencia e investigación.
Asambleísta por la Provincia de Pichincha en el periodo 2017 -2021 y para el periodo 2021-2025. En este periodo forma parte de la Comisión de Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control.
Miembro del Comité Permanente de Desarrollo Sostenible de la Unión Interparlamentaria (UIP).
Docente universitario y responsable de espacios de pensamiento político y económico.
