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A través de la historia los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador han ejercido prácticas y costumbres basadas en su Derecho Propio o Consuetudinario. La Constitución del 2008 en su artículo 1 fija que el Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia, social, intercultural, plurinacional y laico. Esto ha permitido reconocer la pluralidad del Estado en los ámbitos jurídico, social y cultural y al reconocimiento del Derecho Consuetudinario Indígena como un método de resolución de conflictos y a la vez que se fije como un derecho colectivo de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, el mantener la posesión de las tierras y territorios ancestrales y obtener su adjudicación gratuita.
Esto ha sido un gran avance en el Derecho Ecuatoriano, ya que reconoce que las normas de las comunidades indígenas constituyen un sistema jurídico aún cuando las mismas no hayan sido elaboradas por la función legislativa. Es así que en Ecuador convive el Derecho Formal y el Derecho Consuetudinario o también llamado Derecho Propio. En consecuencia, el Derecho Propio y el Derecho Ordinario no están aislados sino que se interrelacionan y se retroalimentan mutuamente y surge el Pluralismo Jurídico, en un marco de respeto de la diversidad, con el fin de lograr un efectivo Estado Intercultural y Plurinacional. Adicionalmente, la Corte Constitucional, mediante sentencia No. 1779-18-EP del 28 de julio de 2021 expuso que la Constitución reconoce y garantiza a las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a crear, desarrollar, aplicar y practicar su Derecho Propio o Consuetudinario.
La Ley actual de Registro de la Propiedad es una Ley obsoleta, que no tiene algún tipo de normativa que regule de manera clara las inscripciones y registro de bienes inmuebles de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, lo que ha provocado que existan resoluciones de Derecho Propio sin el correspondiente registro. En ese sentido, este Proyecto de Ley tiene la finalidad de garantizar que las propiedades de comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades tengan una normativa adecuada para que puedan ser incorporadas y reconocidas como legítimas propiedades.
