La Comisión de Participación Ciudadana, dentro del proceso de fiscalización de los derechos de los adultos mayores, personas con discapacidad y niños de los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), recibió a representantes de los CDI y autoridades parroquiales de Pichincha.
Samantha Lizano, representante de los CDI en Pichincha, denunció que los pagos a los servicios de catering y a las educadoras están atrasados, con más de cinco meses sin remuneración. "Esto ha llevado a muchas madres a abandonar sus trabajos para cuidar de sus hijos", comentó.
Jairo Iza, presidente de CONAGOPARE Pichincha, agradeció a la comisión por escuchar sus quejas y pidió una respuesta formal del Gobierno Central, ya que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no ha proporcionado la información necesaria para renovar convenios en 19 de las 22 parroquias afectadas.
Los representantes de los GAD Parroquiales, como José Pullas, presidente del GAD de Puéllaro, y Katerine Nuñez, vicepresidenta del GAD de Pacto, mencionaron las deudas con las educadoras y la falta de atención a los adultos mayores, una situación que se agrava por la escasez de medicación y las dificultades para que los promotores lleguen a áreas remotas.
Rodrigo Pilatuña, presidente del GAD de Llano Chico, y Roberto Flores, de la parroquia Gualea, señalaron que no solo hay problemas en los CDI, sino también en sectores como la salud y la educación.
Mauricio Marroquí, del GAD de Atahualpa, y Patricio Chávez, presidente de la Comisión, subrayaron la necesidad urgente de que el MIES implemente políticas públicas efectivas para la protección social y la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables.
La mesa legislativa se comprometió a trabajar en la solución de estos problemas y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluidos niños, personas con discapacidad y adultos mayores que dependen de los CDI.
Estas comparecencias evidencian la grave situación que enfrentan los Centros de Desarrollo Infantil en Pichincha y la falta de atención del Gobierno Central, lo que impacta negativamente a los sectores más necesitados de la población, según lo expresado por los comisionados de Garantías Constitucionales.
Asambleísta por la provincia de Pichincha 3
