Ayer, en una corta pero precisa intervención, el asambleísta por Loja e integrante de la Comisión de Relaciones Internacionales, Raúl Auquilla Ortega, sustentó ante el pleno de la mesa legislativa de Participación Ciudadana y Control Social, su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
En efecto, la maña del miércoles, el legislador lojano, atendiendo la invitación de la mesa legislativa número 11, presidida por la asambleísta de Santo Domingo de los Tsáchilas, Johanna Cedeño, pidió recoger su propuesta, cuyo propósito es defender el derecho a legislar y fiscalizar sin discriminación.
El parlamentario recordó que en uso de las facultades constitucionales y legales hace, precisamente, trece meses puso a conocimiento de la Asamblea Nacional, su propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa, concretamente a los artículos 60 y 61.
En su intervención, el legislador sostuvo que su iniciativa tiene como propósito evitar que los proyectos de ley que se presentan en la Asamblea Nacional, se archiven en primer debate, de allí que plantea sustituir el inciso final del artículo 60, incorporando el siguiente texto: “el pleno de la Asamblea Nacional no podrá archivar el proyecto de ley que se trate en primer debate”.
De acuerdo con el texto vigente, señala el asambleísta, se cierra la posibilidad de que las iniciativas de ley puedan enriquecerse con mayores aportes e insumos que, bien pueden provenir del resto de legisladores o de la ciudadanía. Muchas iniciativas, sostiene Raúl Auquilla, se han archivado, pese a que pueden resultar beneficiosas para los ecuatorianos.
Se sugiere reformar también el inciso quinto del artículo 61, y para ello se propone incorporar el siguiente enunciado: “durante el segundo debate de los proyectos de ley, él o la ponente recogerá las observaciones realizadas para que, en el caso de que amerite cambios sugeridos por el Pleno, sean insertados por aprobación de la comisión especializada a cargo del tratamiento de las iniciativas de ley”.
Para Raúl Auquilla, con la norma vigente, el asambleísta ponente se subroga funciones de la comisión para recoger o rechazar las observaciones realizadas, lo cual coarta el derecho de los integrantes de la mesa respectiva a debatir y a decidir sobre las observaciones presentadas en el segundo debate.
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