En las dos primeras sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional, no se nos ha permitido tomar la palabra. El pueblo eligió a 66 asambleístas de la Revolución Ciudadana, y aun así, se nos ha negado el derecho básico de intervenir en los debates. Es una falta de democracia que pone en evidencia el rumbo autoritario que ha tomado este nuevo Parlamento, presidido por Niels Olsen, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Aquí no se ha respetado la ley. En periodos anteriores, cuando la Revolución Ciudadana tuvo mayoría, siempre se incluyó a todas las fuerzas políticas en los espacios de decisión, como el Consejo de Administración Legislativa (CAL). Hoy, cuatro de los siete puestos del CAL están en manos de ADN. También se quedaron con la presidencia de la Asamblea, la primera y segunda vicepresidencia, y 11 de las comisiones permanentes. La Revolución Ciudadana, la segunda fuerza política del país, apenas lidera dos.
Nuestra alianza con Pachakutik se mantiene, pero es claro que hay asambleístas de ese bloque que no tienen organización ni coherencia política. Algunos desde el principio se alinearon con el Gobierno.
También quiero referirme a la Ley contra las economías ilegales vinculadas al conflicto armado interno que el Ejecutivo envió con carácter urgente. No la apoyamos porque es inconstitucional y no corresponde a materia económica. El Gobierno no necesita esa ley para enfrentar la delincuencia; lo que necesita es saber trabajar, y no lo ha hecho.
La realidad es una: el Gobierno ha fracasado rotundamente en materia de seguridad. El país está en manos de la delincuencia. No existe ningún Plan Fénix, y lo que sí hay es un uso político del miedo para concentrar el poder.
Asambleísta por la provincia del Guayas
