En el marco del análisis del texto unificado del Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al Código de la Niñez y Adolescencia, Libros I, II y III, la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes recibió aportes de jueces especializados y expertos en derecho familiar, con el objetivo de fortalecer la normativa en favor del interés superior de la niñez.
Durante la sesión, comparecieron los jueces Olga Pareja, Édison Gualotuña y Graciela Betancourt, de la Unidad Judicial de Familia, Niñez y Adolescencia, quienes presentaron sus observaciones técnicas al proyecto de ley.
La jueza Olga Pareja expresó su preocupación sobre la redacción del artículo 15, al considerar que podría generar confusiones entre el rol del juzgador y los insumos utilizados para fijar pensiones alimenticias. Advirtió que exigir a la persona que cuida al niño, usualmente la madre, justificar ingresos sin reconocer su labor de cuidado como aporte económico, puede vulnerar el principio de tutela judicial efectiva. Además, sugirió que el pago de pensiones en décimos se considere una excepción y no una regla general, y propuso regular los bonos de lactancia para evitar efectos contraproducentes.
Por su parte, el juez Édison Gualotuña destacó la necesidad de abordar vacíos legales respecto a adolescentes en acogimiento institucional que, al alcanzar la mayoría de edad sin haber sido adoptados, quedan fuera del sistema de protección. En ese sentido, recomendó revisar con precisión los artículos 113 y 270 para diferenciar entre privación, suspensión y pérdida de la patria potestad.
Graciela Betancourt agregó que el MIES establece el marco referencial para el cálculo de pensiones alimenticias, pero corresponde a los jueces determinar los montos en función de cada caso, y recordó que esta obligación es incondicional incluso si el alimentante no cuenta con empleo formal. Defendió el valor del trabajo no remunerado de cuidado y mencionó que la figura de tenencia compartida debe aplicarse solo cuando existan acuerdos reales que garanticen el bienestar del menor, sin que esto sirva para evadir responsabilidades económicas.
Además, expertos jurídicos presentes en comisión general ofrecieron sus aportes. Andrés Cueva cuestionó la equiparación de ingresos entre progenitores en procesos de alimentos sin contemplar equidad real, mientras que Marianella Maldonado, especialista en derechos de la infancia, recomendó eliminar el término “menor” por su connotación peyorativa, en consonancia con estándares internacionales de derechos humanos.
Asambleísta por la provincia del Guayas
