Patrimonio y Memoria Social fue el tema tratado en la mesa de trabajo para la Reforma a Ley Orgánica de Cultura, en esta ocacion participaron representantes del Instituto Metropolitano de Patrimonio (IMP) y del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural (INPC), quienes plantearón sus observaciones a la Asambleísta por Pichincha Rocio Guanoluisa que es la proponente de este proyecto de reforma.
Jose Sampetergui Director Ejecutivo del INPC expusó las falencias que presenta la ley de cultura, al no profundizar el conocmiento del patrimonio cultural a nivel nacional y de los gobiernos autónomos descentralizados (GAD), hay que destrabar los nudos para un mejor entendimiento de patrimonio, ademas resalto que la opcion de competencias debe ser reforzada en la ley de cultura ya que no existe una concatenación clara en el adecuado ejercicio de las competencias de los GADS.
Por su parte, Monica Reinoso Abogada del INCP propuso la modificacion de los articulos 66 y 67, planteó que los bienes patrimoniales cuya titularidad y posesión sea de instituciones publicas, deberán presentar los planes de gestión de los bienes en los que pueda establecerse la participación de personas naturales y jurídicas de derecho público o privado.
Además, establece que para la conservación y rehabilitación podrán considerar las figuras legales que no realicen la transferencia de dominio a personas naturales y jurídicas de derecho público o privado, pero que permitan la salvaguarda de los bienes patrimoniales.
El Director Memoria Creatividad y Patrimonio del Municipio de Quito Javier Cevallos Perugachi se refirió al Título VII de la Ley de Cultura; del subsistema de la memoria social y el patrimonio cultural, explicó que es necesario que se unifiquen las definiciones del articulo 52 y del capitulo 8 que habla del régimen especial del patrimonio cultural nacional inmaterial, ya que tiene definiciones muy ambiguas, por lo que es prudente seguir las directrices que establece la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), además puntualizó que la ley omite el concepto de trasmisión generacional.
La asambleísta Rocio Guanoluisa expreso que se seguirán recibiendo diferentes propuestas de otros sectores culturales, enfatizando que estos espacios democratizan el proceso de reforma a la Ley de Cultura.
