DISTRITOS ELECTORALES DEBEN MANTENERSE EN REFORMA ELECTORAL
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La Asambleísta por la provincia de Imbabura Silvia Salgado Andrade frente al Proyecto de Ley Reformatoria a la Ley Orgánica Electoral y Organizaciones Políticas, Código de la Democracia, manifestó que es necesario emprender en un conjunto de reformas que profundicen la democracia, garanticen la representación cercana de la gente en sus territorios; permitan la igualdad de oportunidades y brinden seguridad jurídica a todos los actores políticos y a los organismos electorales.
La reforma es un paso adelante en materia de paridad efectiva y recambio generacional de los espacios de elección popular, según la legisladora. La obligatoriedad de listas paritarias entre mujeres y hombres así como el establecimiento de un porcentaje mínimo para la participación electoral de jóvenes constituyen una avanzada en la ampliación de los derechos políticos de la ciudadanía.
La Asambleísta Salgado mencionó, por otra parte, que es vital mantener la representatividad política cercana a las zonas rurales, urbano marginales y territorios distantes de los centros de decisión política que no siempre han sido representados, porque de esta manera se garantiza incluir las demandas sociales más sentidas y ampliar el espectro de representación política; en esa perspectiva, manifestó que deben mantenerse las circunscripciones electorales, conforme lo establece el segundo inciso del artículo 150 del Código de la Democracia; ante lo cual, acotó que el procedimiento legislativo no admite que se trate aquellas objeciones presidenciales cuyo texto no fue enviado por el legislativo.
Así mismo, manifestó que por razones de seguridad jurídica, la legislación electoral debería garantizar que los ciudadanos y organizaciones políticas cuenten con recursos de orden electoral -como la queja- que permitan al Tribunal Contencioso Electoral conocer y resolver las acciones contra actos del Consejo Nacional Electoral y los organismos desconcentrados; sin embargo, acotó que las sentencias de última instancia de este organismo podrían estar sujetas a control constitucional antes que se ejecutorien. Es decir, llamó a ampliar la discusión sobre este aspecto para que las resoluciones de orden administrativo que involucren la destitución de vocales o consejeros estén vinculadas a instancias constitucionales -situación no considerada por la reforma actual ni el veto presidencial-.
Finalmente, la legisladora imbabureña sostuvo que el derecho a la participación política incluye garantizar la igualdad de oportunidades entre todos los actores políticos, sean ciudadanos, servidores públicos o autoridades electas que optan por participar en el proceso electoral; en ese sentido, sostuvo que la licencia tanto de servidores públicos como de autoridades electas por voto popular debería considerarse a partir del inicio de la campaña, lo cual, constituiría una medida progresiva en el ejercicio de derechos, que no está prevista ni en el texto de reforma propuesto por el legislativo, ni en el veto del Presidente de la República.
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