Nunca como ahora, se hace visible el propósito del poder político del Ejecutivo ecuatoriano, para intensificar su intención de ir en contra de la voluntad del pueblo, y desmantelar el CPCCS. Llama poderosamente la atención, cómo los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, son perseguidos sistemáticamente y puesta su actuación en tela de juicio, pasando por alto que fueron elegidos por el voto popular, y los cuestionamientos que se les hacen, carecen de todo sustento jurídico en el marco de la ley que los ampara.
No obstante, viene siendo cuestionado en todos los ámbitos, el accionar del gobierno del ex Presidente Ec. Rafael Correa, en clara intención de perseguirle y perseguir a todo y todos los que se identifiquen con su década de obras y logros, es importante tener en cuenta que el actual Ejecutivo, accedió al poder precisamente por ser parte de ese gobierno y servirse de él, para escalar políticamente.
Cabe la pregunta entonces… ¿Si el gobierno de Correa fue tan nefasto desde el punto de vista de la corrupción que se les imputa a sus colaboradores, no cabría enjuiciar a Lenín Moreno por cómplice de lo que hoy pretende inculpar, a ese gobierno? ¿O acaso solapadamente se sirvió de él, para llegado al poder, y habiendo captado los votos que solo Rafael Correa pudo lograr para su campaña en la buena fe, espera erigirse en el hombre honesto que las supuestas pruebas en el caso INA (desvío de capitales en paraísos fiscales), desmienten?
Es muy sospechoso que todo aquello que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pretende investigar, como lógica tarea de sus competencias, todo aquello que puede y debe ser investigado, todo lo que involucra al Consejo Provisorio que le antecedió y lo que a posibles irregularidades que comprometen el accionar del actual gobierno y las arbitrariedades en sus actos administrativos, que contradicen la ley y apuntan a una injerencia directa de presiones, sobre juzgamientos e imputaciones sin plenas pruebas, solamente basados en suposiciones o colaboraciones de presos, que para reducir sus penas, declaran, injurian y comenten perjurio.
Estas razones son las que sostenemos, son suficientes para que el Ejecutivo, desee cuanto antes desmantelar el Consejo de Participación Popular y Control Social. Sin el concurso de éste Órgano creado por Ley, la corrupción actual, tiene franqueado el paso para operar y enriquecerse a costas del Pueblo Ecuatoriano.
Integrante de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales Visita mi Perfil
