El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó, con 77 votos a favor, la Ley de GADs, una reforma al COOTAD que busca ordenar el uso de los recursos públicos en los gobiernos locales y priorizar la inversión en obras y servicios básicos para la ciudadanía.
Durante el segundo debate, la asambleísta Valentina Centeno expuso cifras alarmantes sobre la crisis de acceso y calidad del agua en Ecuador. Según datos de la Agencia de Regulación y Control del Agua, el 71% de la población recibe agua de baja calidad, lo que equivale a más de 12 millones de personas, mientras que 3,8 millones aún no tienen acceso a agua en sus hogares.
Centeno también advirtió que el 58,9% del país carece de alcantarillado, una realidad que afecta a más de 7 millones de ecuatorianos y tiene impactos directos en la salud pública, la contaminación y el desarrollo. Además, mencionó casos críticos en cantones como Olmedo y Paján, en Manabí, donde entre el 78% y el 80% de la población no cuenta con agua potable.
En este contexto, la Ley de GADs establece que al menos el 70% de los presupuestos de los gobiernos locales se destine a inversión en obra pública, mantenimiento de infraestructura y servicios básicos, priorizando agua potable y saneamiento. “Este proyecto no reduce recursos, sino que pone orden en las prioridades. Cuando hablamos de dignidad, hablamos de que un niño abra la llave y salga agua segura”, enfatizó Centeno.
