Con ocho votos afirmativos y dos abstenciones, este domingo 22 de junio, la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por la asambleísta Valentina Centeno, aprobó el informe para segundo debate de la Ley de Integridad Pública, enviada por el presidente Daniel Noboa Azín.
El proyecto tiene objetivos claros: combatir la corrupción sin titubeos y fortalecer la eficiencia del Estado. Entre los puntos más relevantes se destacan:
Cárcel a fiscales corruptos: Serán juzgados por el delito de prevaricato y se les inhabilitará para ejercer como abogados por el doble de la pena impuesta.
Mano dura contra el crimen organizado que recluta menores: Se endurecen las penas para adolescentes que cometan delitos graves, hasta 15 años, y se reduce la pena si colaboran en la captura de sus reclutadores.
Escala de eficiencia para servidores públicos: Se evaluará el desempeño con criterios medibles. Si un funcionario no demuestra compromiso ni resultados, y reincide, deberá dejar su cargo. El servicio público exige responsabilidad y entrega.
Remisión del 100% de intereses y multas con el SRI: Aplica a quienes paguen la deuda principal acumulada hasta el 31 de diciembre de 2024.
Suspensión del cobro de multas por radares: Durante 180 días, los radares funcionarán solo de manera preventiva, mientras se revisan sus estándares y acreditaciones conforme a normativas del SAE e INEN.
Expulsión inmediata de extranjeros sentenciados: Se amplía de 10 a 15 años la prohibición de retorno y se permite la expulsión aun sin cumplir condena completa en casos de conflicto interno.
Con esta ley, Ecuador avanza hacia una administración pública más íntegra, transparente y eficiente. Es un paso decisivo en la lucha contra la violencia, para acabar con la impunidad, recuperar la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar que el servicio público responda, de verdad, a las necesidades de la gente.
