Con 84 votos afirmativos, este martes 24 de junio, el pleno de la Asamblea Nacional aprobó la Ley de Integridad Pública, enviada por el presidente Daniel Noboa Azín.
“En este país se acabó la fiesta para los corruptos y delincuentes. Somos más los ecuatorianos de bien que queremos seguridad y progreso, y vamos a aprovechar cada oportunidad que tenga para devolverle al Ecuador la paz”, sentenció la asambleísta Valentina Arteaga, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico y proponente de la ley.
En su discurso Centeno fue enfática al señalar que esta Ley no es contra los adolescentes sino contra las mafias que los usan. “Si un menor comete un crimen atroz —si mata, si tortura, si dispara para asesinar— debe responder con todo el peso de la ley. Porque si no lo hace la ley, lo hará la calle. Y cuando eso pase, será tarde para todos”, aseveró al argumentar el endurecimiento de las penas para los adolescentes que cometan delitos graves, hasta 15 años, y se reduce la pena si colaboran en la captura de sus reclutadores.
Entre otros puntos relevantes se destacan:
• Cárcel a fiscales corruptos: Serán juzgados por el delito de prevaricato y se les inhabilitará para ejercer como abogados por el doble de la pena impuesta.
• Se habilita al Presidente del Consejo de la Judicatura a declarar emergencia en el servicio judicial en caso de que detecte problemas urgentes en el sistema de justicia.
• Escala de eficiencia para servidores públicos: Se evaluará el desempeño con criterios medibles. Si un funcionario no demuestra compromiso ni resultados, y reincide, deberá dejar su cargo. El servicio público exige responsabilidad y entrega.
• Remisión del 100% de intereses y multas con el SRI: Aplica a quienes paguen la deuda principal acumulada hasta el 31 de diciembre de 2024.
“Hoy votamos a favor de una justicia limpia, de un buen servidor público, a favor del derecho de los ecuaatorianos a recibir una buena atención de las instituciones públicas, a favor de poner primero a los ciudadanos honestos por sobre los delincuentes”, aseguró Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea.
Sobre la expulsión de personas privadas de la libertad extranjeros
“Ecuador no puede seguir siendo la cárcel subsidiada del crimen extranjero. Hoy, más de 3.200 reos extranjeros ocupan espacio en nuestro sistema penitenciario, consumen recursos públicos y requieren la presencia de al menos 500 militares para su custodia. Esto representa un gasto aproximado de USD 4 millones de dólares al año, dinero que debería estar destinado a reforzar la seguridad de los ecuatorianos, no a proteger a quienes atentaron contra ella”, aseguró el asambleísta Andrés Castillo, proponente de esta iniciativa adicional que se incluyó en la Ley de Integridad Pública.
