Son algunos los retos que se ha propuesto el Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. El fundamental será la vigilancia para que se implemente a cabalidad la Ley de Movilidad Humana, que rige desde enero de este año y cuyo reglamento se expidió el 3 de agosto pasado.
Este planteamiento lo realizó Ximena Peña, presidenta del ente legislativo, durante el Foro de Movilidad Humana, desarrollado en la Asamblea en el marco del Día Internacional del Migrante.
Con la norma, impulsada por los asambleístas representantes de los migrantes, se promueven acciones para proteger los derechos de quienes se encuentren en movilidad humana, entre ellos, ecuatorianos que viven en el extranjero, quienes hayan retornado, refugiados, entre otros.
El instrumento jurídico estipula que nadie será ilegal por su condición migratoria y brinda beneficios para traer menaje de casa, equipos y herramientas; homologación de títulos, trayectoria o capacitación; acceso al sistema financiero. A los migrantes les garantiza los derechos a la participación política, acceso a becas, educación a distancia, protección consular, salud, acceso a la justicia, servicios de registro civil e identidad.
“La implementación de la Ley no está avanzando tan ágilmente como esperábamos”, manifestó Peña. Pidió que en su ejecución se articule el accionar entre las diferentes instituciones, en donde el Viceministerio de Movilidad Humana, de la Cancillería, juega un papel fundamental como coordinador.
Hizo un llamado para que los gobiernos autónomos descentralizados asuman el papel que les otorga la Ley para que los ciudadanos de sus jurisdicciones reciban todos sus beneficios. Explicó que con el proyecto urgente para la reactivación económica se plantea el uso del dinero electrónico para ahorrar dos mil millones de dólares al país, pero que con las remesas los migrantes envían 2 mil 500 millones de dólares anuales, por lo que su aporte es trascendental.
También se refirió a los logros alcanzados, entre ellos, el retorno de migrantes que se encontraban privados de libertad para que cumplan sus penas en Ecuador.
La profundización de este tema lo realizó Liliana Guzmán, viceministra de Justicia, quien resaltó el trabajo conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores. Manifestó que en los diferentes países unos 1500 ecuatorianos se encuentran privados de su libertad, a quienes se les brinda acompañamiento jurídico.
Señaló que en estos siete meses de gestión del gobierno central se ha posibilitado el retorno de 33 pescadores ecuatorianos privados de la libertad en Estados Unidos, para que puedan cumplir la sentencia en sus provincias.
Asambleísta por Estados Unidos y Canadá | Presidenta de la Comisión De Justicia y Estructura del Estado | Movimiento Patria Altiva i Soberana
