Por invitación del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), la asambleísta por la Circunscripción de Europa, Asia y Oceanía, Dora Aguirre, participa los días 15 y 16 de octubre, en la “Reunión Regional sobre el desarrollo de marcos normativos: establecimiento de procedimientos de determinación de la apatridia y facilidades para la naturalización” que se realiza en Buenos Aires-Argentina.
Sesión 120 de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores contó con la participación de tres asambleístas quienes expusieron a la mesa legislativa sus proyectos de ley.
Nuestra Representante Marllely Vásconez escuchó atentamente a cada uno de los Asambleístas que asistieron el día de hoy a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores para presentar sus Proyectos de ley.
El día de hoy martes 13 de octubre, el Pleno de la Asamblea Nacional decidió con 112 votos someter a consulta prelegislativa el proyecto de Código del Ambiente. La Comisión de Biodiversidad será el órgano responsable del proceso de consulta y cuenta con cinco días para presentar los temas sustantivos que pueden afectar los derechos colectivos de las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas, del pueblo afroecuatoriano y del pueblo montubio, al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para su aprobación.
En la sala comunal de la Junta Parroquial de Guangaje, ubicada en el cantón Pujilí, se llevó adelante el taller con alrededor de 100 comuneras y comuneros en el que socializamos, en el marco del diálogo ciudadano, la propuesta de las 16 modificaciones a la Constitución.
Entre otros temas, la mesa legislativa conocerá los argumentos del proyecto de Ley para el Ejercicio Profesional de los Administradores Públicos, presentado por el asambleísta Miguel Moreta; proyecto de reformas a la Ley para la Defensa de los Derechos Laborales, presentado por Luis Fernando Torres y el proyecto de reformas al Código del Trabajo y a la Ley Orgánica de Servicio Público, del asambleísta Antonio Posso.
Esta ley tiene por objetivo establecer incentivos específicos para la ejecución de proyectos bajo la modalidad de asociación público-privada y los lineamientos e institucionalidad para su aplicación.
La normativa crea un Comité Interinstitucional de Asociación Público-Privadas como un órgano colegiado de carácter intersectorial de la Función Ejecutiva, encargado de la coordinación y articulación de políticas, lineamientos y regulaciones vinculadas a este tipo de asociaciones.
Este comité definirá los sectores en los que se promoverá el empleo de la modalidad de asociación público-privada para la ejecución de proyectos públicos; aprobar proyectos del gobierno nacional a través del régimen de incentivos, determinar políticas y lineamientos de aplicación de los beneficios, para la gestión de pagos diferidos establecidos para la ejecución de un proyecto público bajo la modalidad de asociación público-privada.
A través del cuerpo legal se materializa los incentivos contemplados en el Código de la Producción, entre los que se incluyen exenciones para el pago del Impuesto a la Renta (IR) y del Impuesto a la Salida de Divisa (ISD) por 10 años. Además, la devolución del Impuesto al Valor Agregado (IVA) pagado en las adquisiciones locales de bienes y servicios.
El documento contiene 8 artículos referentes al objeto de la ley, reglas generales para su aplicación, la función del comité interinstitucional, incentivos, estabilidad jurídica, resolución de controversias, neutralidad en el origen de financiamiento productivo; y, facilitación de procesos y procedimientos.
A través del proyecto se establecen alianzas público-privadas, que son aquellas relaciones entre el Estado y el sujeto privado en las que se acuerda fórmulas de participación conjunta para los sectores estratégicos de interés general.
En el Código de la Producción, Comercio e Inversiones, en su artículo 100 se establece que de forma excepcional debidamente decretada por el Presidente de la República cuando sea necesario y adecuado para satisfacer el interés público, colectivo o general, cuando no se tenga la capacidad técnica o económica o cuando la demanda del servicio no pueda ser cubierta por empresas públicas o mixtas, el Estado o sus instituciones podrán delegar a la iniciativa privada o de la economía popular y solidaria, la gestión de los sectores estratégicos y la provisión de los servicios públicos de electricidad, vialidad, infraestructuras portuarias o aeroportuarias, ferroviarias y otros.
Las tres propuestas, según el catedrático Santiago Guarderas y los legisladores Franco Romero (PSC) y Fausto Cayambe (AP) estarían reñidas con la Carta Magna, en los artículos 110, 131, 224, 226 y 229. Romero señaló que una reforma en ese sentido “menoscabaría la facultad de control de la Asamblea”; si esto ocurre, “se habrá roto el sistema de derecho en un país que se dice ser democrático”.
Según las estadísticas obtenidas en la primera Encuesta Nacional de Actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ecuador, en el período 2009 – 2011, nuestro país invirtió en investigación y desarrollo el 0.35% del Producto Interno Bruto (PIB), lejos del promedio de América Latina, que en 2011 alcanzó el 0.75%.
Estimaciones actuales pronostican que recién en el 2014 Ecuador lograría el promedio de Latinoamérica, que en el año 2014 llegó al 2%, sin embargo aún continúa siendo insuficiente comparado con los porcentajes de inversión de los países que más innovan en el mundo.
Además, la referida encuesta muestra que del total de empresas nacionales que introdujeron un nuevo producto al mercado, solamente el 1,3% incorporó un producto novedoso para el mundo, esto ligado a que las fuentes de financiamiento para actividades de innovación provienen de los recursos propios de las empresas (72,80%), seguido por la banca privada (14,50%) y el gobierno (10,15%).
Bajo estos antecedentes, el proyecto de Código de Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación (Ingenios), cuyo informe para primer debate lo preparó la Comisión de Educación, apuesta por la generación de una sociedad democrática fundamentada en la libre circulación de los conocimientos, declarando de interés público el bien conocimiento.
Tal declaratoria viabiliza al conocimiento como una actividad especial dentro de la sociedad para la consecución del Buen Vivir y así el Estado podrá proteger y fomentar el conocimiento mediante sus políticas públicas.
Convocatoria a la sesión No. 072
Fecha: Lunes 12 de octubre de 2015
Hora: 10h30
Lugar: Universidad Tecnológica Equinoccial de Salinas
ORDEN DEL DÍA
