El día de ayer martes 29 de Septiembre del 2015, Asambleísta alterna Santa Obando asistió a la sesión 349 del pleno de la Asamblea Nacional, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:
1.- Himno Nacional de la República del Ecuador;
2.- Conocimiento y resolución sobre el Informe presentado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, para determinar la identidad de los presuntos responsables de la violación de los derechos establecida en la sentencia dictada por la Corte IDH en el Caso Quintana Coello y Otros vs Ecuador; y,
3.- Conocimiento y resolución sobre el Informe presentado por la Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado, para determinar la identidad de los presuntos responsables de la violación de los derechos establecida en la sentencia dictada por la Corte IDH en el Caso Camba Campos y otros vs Ecuador.
En dos votaciones, se aprobó las resoluciones referentes a las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos que advierte la violación de derechos en la cesación de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Tribunal Constitucional, en el año 2004.
Con 75 votos afirmativos, 4 negativos y 4 abstenciones, en el caso Camba Campos y otros Vs. Ecuador que hace referencia a la destitución de los miembros del Tribunal Constitucional los parlamentarios aprobaron la resolución en la que se advierte que existe sentencia de un organismo internacional de derechos humanos por lo cual el Estado ecuatoriano fue condenado a la reparación económica a favor de las víctimas, por el valor de 2’222.822,29 dólares, por lo que, en aplicación de los artículos 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se identifica como presuntos responsables de la violación o violaciones de los derechos, a los diputados que manifestaron su voto a favor de tal decisión el 25 de noviembre de 2004.
Mientras que con 76 votos afirmativos, 5 negativos y 2 abstenciones los legisladores se pronunciaron sobre la cesación de los ministros jueces de la Corte Suprema de Justicia. Advierten que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Quintana Coello y otros vs Ecuador, los diputados actuaron “sin la debida competencia”, “mediante la aplicación errónea y arbitraria de una disposición legal” lo cual determinó que el Estado ecuatoriano sea condenado a la reparación económica a favor de las víctimas, por el valor de 12’353.709,39 dólares, por lo que, en aplicación de los artículos 67 y siguientes de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, se identifica como presuntos responsables de la violación o violaciones de los derechos, a los diputados que manifestaron su voto a favor de la resolución de 8 de diciembre de 2004, de conformidad con el acta de la sesión del Congreso Nacional de la misma fecha.
En las dos resoluciones se establece que el Procurador General del Estado conforme mandan los artículos 237 numerales 1 y 2 de la Constitución de la República y 68 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, conjuntamente con los representantes legales de las Funciones del Estado, vinculadas a la reparación económica de la sentencia dictada, presenten la demanda de repetición correspondiente.
El Procurador General del Estado adoptará todas las acciones que manda la Constitución de la República del Ecuador y la Ley Orgánica de la Procuraduría General del Estado, con la finalidad de garantizar, la defensa de los intereses del Estado, en la sustanciación del juicio de repetición.
Comunicación/EIZN.
Asambleísta por la provincia de Orellana | Presidente de la Comisión De la Biodiversidad y Recursos Naturales | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
