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El Contralor General del Estado, Carlos Pólit, expuso sus criterios sobre los cambios que se plantean en los artículos 211 y 212 de la Constitución de la República que, a su juicio, le restan competencias a la función que representa.
Se argumenta, dijo, que no se pretende restar capacidad a la Contraloría General, sino que éstas se concentren en sus esfuerzos, en su función propia de la auditoría de los recursos públicos, evitando la duplicación de esfuerzos con otras entidades del Estado. No obstante, los cambios planteados en relación a la institución, no solo que son jurídicamente improcedentes, sino que, técnicamente, son inviables y alteran gravemente la estructura del control de los recursos públicos y, por tanto, las competencias del máximo organismo de control.
Demandó de la Asamblea analice dos temas fundamentales: determinar cuáles son las entidades a las cuales la Constitución les ha atribuido las competencias para fiscalizar el cumplimiento de los objetivos de las instituciones del Estado y -de haberlas- cómo la gestión de la Contraloría General del Estado puede menoscabar las competencias de aquellas.
Invitó a reflexionar sobre las reformas, de manera que la Contraloría General no se pronuncie respecto de la consecución de los objetivos de las instituciones del Estado, lo cual debilita, sin duda alguna, un control moderno y eficaz de los recursos públicos, mismo no se debe limitar solamente a determinar cuánto se gastó y si ese gasto está sustentado o no, sino que se complementa examinando cómo se gastó y, por tanto, si la obra o servicios públicos están prestando los beneficios esperados y establecidos por los propios administrados.
Pólit subrayó que no existe fundamento que pruebe la duplicidad de funciones con otra institución, al advertir que si se aprueba la enmienda como está redactada, corre el riesgo la auditoría de gestión en el sector público.
A la vez, presentó un resumen del trabajo de la Contraloría, desde hace siete años, en los cuales se han realizado 820 de auditorías de gestión.
Explicó que el control de los recursos estatales no se limita solo a la verificación contable de aquellos, por consiguiente, si se aprueban los cambios en los términos propuestos, se retrocedería cerca de 40 años de evolución del control gubernamental y, aparte de ello, seríamos el único país del mundo que no tendría asignado a la Contraloría el análisis de la gestión, como parte del control de los recursos públicos.
La vicepresidenta de la Asamblea Nacional e integrante de la comisión ocasional encargada de las enmiendas, Rosana Alvarado, aclaró que la propuesta de enmendar la Constitución está orientada únicamente al artículo 211 de la Carta Política, más no al artículo 212, por el cual se establecen las gestiones sujetas al control de la Contraloría.
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