La Comisión de Justicia y Estructura del Estado, integrada por el asambleísta Fabián Solano, recibió a la subsecretaria general de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Senescyt, Rina Pazos, con quien analizó los diversos tipos penales de violación de los derechos de propiedad intelectual.
La funcionaria recordó que desde hace más de un año el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual (IEPI) está adscrita a la Senescyt para que desde la Función Ejecutiva se dicte la política pública sobre propiedad intelectual, que no se había tomado en cuenta como herramienta de desarrollo.
Explicó que la propuesta del Ejecutivo para sancionar la falsificación de marcas obedece a los tratados internacionales que sobre la materia suscribió el Ecuador, en los que se determina que los países miembros (de los convenios a acuerdos) establecerán sanciones penales para ciertas conductas, especialmente los casos de falsificación dolosa de marca, de fábrica o de comercio o de piratería lesiva del derecho de autor a escala comercial.
Manifestó que esta obligación de carácter internacional debe ser coherente con el objetivo que el Ecuador se convierta en un paraíso del conocimiento, que es una posición contraria a la de los paraísos fiscales, en donde lo que fluía sin limitación era el capital, mientras que en Ecuador queremos que fluya sin limitaciones el conocimiento que le permitirá al país generar bienes y servicios con valor agregado para cambiar la matriz productiva y fomentar el desarrollo nacional.
En este contexto, sugirió que dentro del Código Orgánico Integral Penal se tipifique la vulneración de signos distintos o los derechos de autor, pero no los dos, que no se sancione con prisión, que se analicen otras alternativas como la confiscación, el decomiso y el retiro de la marca.
También sugirió que se considere una multa, acorde al ordenamiento jurídico ecuatoriano que podría ir de 500 hasta 100 mil dólares, dependiendo de la gravedad de la infracción y los perjuicios ocasionados al titular del derecho.
A su vez, los asambleístas Mauro Andino y Marcela Aguiñaga, presidente y vocal de la Comisión de Justicias, respectivamente, sostuvieron que es necesario precisar el tema de las multas para no dejar a discreción del administrador de justicia.
Formación académica - Especialista en Gerencia de Proyectos Universidad Regional Autónoma de los Andes Nacional - Diplomado Superior en Gerencia de Marketing Universidad Regional Autónoma de los Andes Nac..
