La Comisión de Relaciones Internacionales, integrada por el asambleísta Eduardo Zambrano, escuchó al asambleísta Paco Fierro, quien explicó el alcance y objetivos del proyecto de reformas a la Ley de Seguridad Privada, en calidad de autor de la propuesta.
En esta reunión de trabajo, el parlamentario explicó que el proyecto tiene por objetivo regular la prestación remunerada de servicios de vigilancia y seguridad privadas, protección de instalaciones, personas, activos, valores, intangibles y derechos, investigación, prevención y gestión de riesgos en seguridad, que brindan las personas naturales o jurídicas legalmente acreditadas en el país, en las modalidades y con los medios establecidos en la ley.
Dijo que a esta ley deberían estar sometidos los servicios de vigilancia y seguridad privada con armas de fuego o de cualquier otro medio humano, tecnológico o material de manera fija o móvil, sobre personas, bienes privados o bienes públicos; los servicios de transporte de valores; de capacitación y entrenamiento en vigilancia y seguridad privada; de asesoría, consultoría e investigación en seguridad; la comercialización, instalación o arrendamiento de equipos para vigilancia y seguridad privada; y, los servicios de blindaje para vigilancia y seguridad privada.
Indicó que estos servicios deben desarrollar sus funciones teniendo en cuenta el respeto irrestricto a las garantías constitucionales, la ley y la ética profesional.
Prpuso que las armas que se utilicen en las empresas de vigilancia y seguridad privada y en actividades afines en ejecución de su servicio, tengan salvoconducto de porte a nivel nacional y puedan ser ubicadas en virtud de los correspondientes contratos donde el servicio lo requiera con el cumplimiento de los requisitos de orden legal.
La vicepresidenta del organismo legislativo, María Augusta Calle, indicó que es necesario realizar una revisión total al proyecto, a fin de mejorar su contenido y aclaró que esta propuesta no tiene nada que ver con el IV Libro del Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público.
Entre tanto, el asambleísta Eduardo Zambrano dijo que las sociedades en el mundo y en países como el nuestro, la delincuencia va de la mano con el crecimiento poblacional y en ello también hay que tomar en cuenta factores político-sociales que inciden en la presencia de una delincuencia organizada e importada. Resaltó que el gobierno invierte una buena cantidad de recursos para llevar a cabo un sistema de seguridad para la ciudadanía y que muestra de ello es el ECU 911, reconocido a nivel mundial por la seguridad que presta a la ciudadanía.
Entre tanto, el legislador Diego Salgado manifestó que mucha gente no logra protegerse con el trabajo que realiza la Policía Nacional, por ello nace la seguridad privada que de acuerdo con datos estadísticos triplica a la Policía. Es necesaria una ley de seguridad privada moderna, actualizada y acorde a la realidad que vive el país, aseguró.
En esta reunión de trabajo también fue recibido Daniel Pontón, en calidad de persona natural, quien subrayó que la seguridad privada debe tomar en cuenta la capacitación y educación de sus integrantes; establecer con claridad hacia donde se quiere apuntar con el trabajo de estas empresas, así como ejercer un control a las mismas. Planteó la necesidad de crear una escuela de capacitación.
Asambleísta por Latinoamérica, El Caribe y África...
