La Comisión de Participación Ciudadana que preside el Asambleísta Dr. Fabián Solano, en la Asamblea Nacional continuó el tratamiento del proyecto de Ley de Orgánica de la Defensoría del Pueblo, previo a la presentación del informe para segundo debate. Esta mañana recibió a la máxima autoridad de la entidad, Ramiro Ribadeneira, quien aclaró algunas temáticas observadas durante el primer debate en el Pleno.
El presidente de la Comisión Legislativa, Fabián Solano, dijo que era fundamental contar con el criterio del funcionario, sobre algunas confusiones que se generaron durante el primer debate.
Precisamente, Ramiro Ribadeneira aclaró sobre la exclusividad de la Defensoría del Pueblo para calificar las demandas de inconstitucionalidad. Dijo que no se extiende hacia otras entidades del Estado, sino que se refería, más bien, a una función al interior de la institución, es decir, que no debe ser calificada por un delegado provincial, sino por la máxima autoridad.
La propuesta de la Defensoría del Pueblo incluye temas como la acción colectiva, que también debe tener protección de derechos. Plantea que esta institución patrocine este tipo de acciones , cuando los efectos de la violación de un derecho se extiendan a colectivos, comunas, comunidades, pueblos o nacionalidades.
Otra de las iniciativas se refiere a la acción de incumplimiento: se establece que ésta se la interpondrá cuando la sentencia de garantías jurisdiccionales o medida cautelar no se haya ejecutado en el plazo establecido en la sentencia o su ejecución sea defectuosa.
El asambleísta Raúl Patiño expresó que lo más importante es lograr que el contenido de la Ley se haga realidad , para que la ciudadanía que quiera reclamar sienta que la Defensoría de Pueblo tiene fuerza para que sus peticiones tengan efecto. Tanto la Ley Orgánica de las Discapacidades como este proyecto plantean que en ciertos casos esta institución pueda multar; esto no significa que pueda sentenciar, sino una manera de presionar para que la autoridad defensora sea respetada, añadió.
Por su parte, la asambleísta Mae Montaño manifestó que con esta comparecencia se han aclarado muchos nudos críticos, como el que la Defensoría del Pueblo no puede tener capacidad sancionatoria y que muchas de sus competencias no se superponen a otras de la Función Judicial y del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En su intervención el Defensor del Pueblo dijo que esta entidad cuenta con delegados en Estados Unidos, España e Italia desde hace 10 años, pero que su función es proteger los derechos ciudadanos y no se sobrepone al trabajo que realizan las delegaciones de la Cancillería en el exterior, sino que, por el contrario, se complementan.
El punto que preocupa a Mae Montaño tiene que ver con la manera de conformar el mecanismo de prevención de la tortura, trato cruel, inhumano y degradante, que es otra de las propuestas del cuerpo legal, que plantea visitas periódicas a centros y lugares de privación de la libertad, incluso en casos de estados de excepción o emergencia. La asambleísta cuestionó cómo se puede confiar la seguridad del sistema.
El presidente de la Comisión, Fabián Solano, mencionó que el objetivo del ente parlamentario es gestar un proyecto de ley claro, expedito y moderno, que principalmente se acople a los mandatos de la Constitución aprobada en el 2008, en vista de que la actual Ley de la Defensoría del Pueblo rige desde 1996. Por esta razón, convocará para los próximos días a actores que tengan relación con los derechos de los consumidores y derechos colectivos para recoger sus criterios, que sirvan como insumos para elaborar el informe para segundo debate, que podría estar listo en agosto próximo.
Formación académica - Especialista en Gerencia de Proyectos Universidad Regional Autónoma de los Andes Nacional - Diplomado Superior en Gerencia de Marketing Universidad Regional Autónoma de los Andes Nac..
