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Al igual que las audiencias provinciales realizadas en 23 ciudades del país, la última suscitada en Quito se caracterizó por una gran afluencia de participantes y asambleístas. A la consulta prelegislativa sobre el proyecto de Ley de Tierras y Territorios Ancestrales, que se desarrolló en la Palacio Legislativo, concurrieron más de 200 personas, representantes de 30 organizaciones de campesinos.
Las curules del salón no fueron suficientes para albergar a los ciudadanos, quienes buscaron diferentes formas de ponerse cómodos y escuchar las propuestas del proyecto, que fueron expuestas por el presidente de la Comisión de Soberanía Alimentaria, Miguel Carvajal. Como es su característica utilizó una metodología participativa con los campesinos, quienes con aplausos, movimientos afirmativos y palabras manifestaban su coincidencia con los planteamientos, mientras otros tomaban notas.
Los parlamentarios que acudieron a la audiencia agradecieron la presencia de los asistentes y resaltaron que debieron dejar sus labores, actividades y un día de trabajo para que vengan a compartir sus observaciones, las mismas que serán acogidas, puesto que ellos son los mejores conocedores de los territorios y realidades. Adultos mayores, adultos, jóvenes, mujeres con niños en brazos, escucharon la exposición y participaron con sus criterios.
En la mesa participaron Miguel Carvajal, Mauricio Proaño, César Umaginga, Esther Ortíz, Esthela Acero, Carmen Intriago, Mónica Alemán, Rosa Elvira Muñoz y Lourdes Tibán, como miembros de la Comisión; también acudieron el presidente de la Comisión de Biodiversidad, Carlos Viteri; la presidenta del Foro Parlamentario de la Lucha contra la Pobreza y Desigualdad, Ximena Ponce; los asambleístas Marisol Peñafiel, María Augusta Calle, Alexandra Ocles, entre otros, así como el delegado del Consejo Nacional Electoral, en vista de que la audiencia tiene el aval de esta institución.
La participación de los delegados arrancó con el apoyo al proyecto y la felicitación del proceso de consulta prelegislativa por parte de Patricio Barahona, de la Confederación de Pueblos y Organizaciones Indígenas y Campesinas del Ecuador (FEI). En el mismo sentido se pronunció Celso Torres, de la Comuna Santa Clara de San Millán de Quito, quien además planteó la necesidad de que el campesino cuente con mejores y más facilidades de crédito y que se le pague el precio justo por su producción.
Ese sentir fue casi general entre los presentes en el salón. Héctor Calva, de la Cedoc, y Víctor Eduardo Haro, de la Comuna 5 de abril de Ubillús-Pintag-, coincidieron, así mismo, en que el Estado debe proveer créditos de forma más ágil, primero para adquirir la tierra y luego para producir. Ambos concordaron en que se debe buscar mecanismos para que sus productos merezcan un mejor precio, sin intermediarios.
Edwin Padilla, de la Asociación de Negros del Ecuador (ASONE), planteó que se haga una reestructuración del Banco Nacional de Fomento, que los créditos y los intereses sean apropiados para el sector rural, con garantías oportunas; así como condonación de deudas, acceso preferencial al sistema financiero público, seguro agrícola por desastres naturales, asesoramiento técnico y especializado, entre otras propuestas.
Por su parte, Hugo Jácome, de El Tablón, mencionó que sus dirigentes serán portadores de la información precisa para su comunidad, puesto que la misma se la ha tergiversado. Hemos constatado que el proyecto sí está en favor del sector campesino, hemos palpado eso, dijo.
Fuente: Asamblea Nacional / LM/pv
