Para los opositores, Franco Romero (PSC),Ramiro Aguilar (antes de SUMA), y Patricio Donoso (CREO) es una demostración más de la “sumisión de la Asamblea al Ejecutivo”. Romero opinó que el texto es contradictorio porque mientras el oficialismo “inobservó” la Constitución para detener el trámite de la Ley de Herencias, ahora la invoca para rechazar las manifestaciones. Dijo que es muy tarde que el presidente Correa convoque a un diálogo para determinar el país que queremos cuando ya ha gobernado ocho años.“Lo que debería hacer es convocar a los precandidatos presidenciales para empezar la transición, porque su periodo se acaba en mayo de 2017”...http://www.eluniverso.com/noticias/2015/07/21/nota/5030506/debate-sobre-marchas-contra-regimen-pasa-asamblea
Martes, 21 de julio, 2015.
Debate sobre marchas contra el régimen pasa a la Asamblea
El oficialismo espera aprobar hoy en la Asamblea una resolución que rechaza los “actos violentos” ocurridos en las manifestaciones que, a su criterio, son promovidos por “grupos opositores identificados con la extrema derecha”.
Mientras que para Fausto Cayambe, coordinador de bloque de Alianza PAIS (AP), la resolución es una condena a la violencia en las marchas, que “determinados líderes de la derecha quieren pescar a río revuelto”, para los opositores Ramiro Aguilar (antes de SUMA), Franco Romero (PSC) y Patricio Donoso (CREO) es una demostración más de la “sumisión de la Asamblea al Ejecutivo”.
Cayambe (AP) insistió en que el régimen no permitirá “que todo el proceso de transformación que vive el país se empañe con hechos de violencia, por más pequeños que sean”.
Aclaró que nunca se va a condenar la movilización. “Nosotros creemos en la protesta (...), pero no vamos a permitir que esa movilización ciudadana se empañe por intereses particulares que conocemos”, agregó.
El legislador dijo que en las movilizaciones hay actores políticos que quieren ver fuera del gobierno a Rafael Correa y, con ello, “quieren fracturar la institucionalidad”. “No es la ciudadanía la que está reclamando la salida de Correa”, agregó.
Aguilar destacó que es una resolución declarativa que califica a “la resistencia civil como golpista, como de derecha, desestabilizadora, a más de que el texto es inconstitucional, porque la Constitución reconoce el derecho a la oposición y a la resistencia”.
“La resolución constituye un texto lambón, de sumisión absoluta al presidente”, afirmó Aguilar, quien además convocó a los ciudadanos, a través el Twitter, para que acudan hoy al Parlamento a explicar a los asambleístas “en términos de activismo y de resistencia cuál es el concepto de oposición”.
Romero opinó que el texto es contradictorio porque mientras el oficialismo “inobservó” la Constitución para detener el trámite de la Ley de Herencias, ahora la invoca para rechazar las manifestaciones.
Dijo que es muy tarde que el presidente Correa convoque a un diálogo para determinar el país que queremos cuando ya ha gobernado ocho años.
“Lo que debería hacer es convocar a los precandidatos presidenciales para empezar la transición, porque su periodo se acaba en mayo de 2017”.
Donoso cuestionó que por un lado se invite al diálogo y por otro se ofenda a actores políticos y a los ciudadanos que han realizado protestas pacíficas en las últimas semanas.
Y consideró que lo que busca el Gobierno con esta resolución es evitar las marchas y la reacción popular que se avecina, y descalificar cualquier acción legítima de la oposición en su afán de participar en el proceso electoral de 2017. (I)
Extracto del
proyecto
RECHAZAR categóricamente los actos violentos producidos en el país y promovidos por grupos opositores identificados con la extrema derecha política, por constituirse en claras acciones desestabilizadoras del régimen legítimamente constituido;
CONDENAR Y DENUNCIAR a la opinión pública nacional e internacional los intentos golpistas promovidos, organizados y ejecutados por actores políticos de derecha, por constituirse estos en una abierta afrenta al espíritu y vocación democrática del pueblo ecuatoriano, así como las actitudes que violentan tanto a las instituciones públicas como a la propiedad privada;
CONMINAR a los distintos actores políticos de la oposición a que, en el ejercicio de sus legítimos derechos a oponerse y/o al control político, lo hagan observando la Constitución y la ley, pero sobre todo el marco del respeto a las y los ciudadanos;
CONVOCAR a la sociedad civil a sumarse al gran diálogo nacional propuesto por el presidente Rafael Correa, por considerar esta iniciativa como la única salida democrática posible para alcanzar juntos el Ecuador justo y solidario que todas y todos queremos; y,
RATIFICAR el espíritu democrático y el compromiso de esta Asamblea de seguir construyendo las leyes amparados en la participación abierta, democrática y transparente de todos los actores sociales.
Asambleísta por la provincia de El Oro | Presidente (e) de la Comisión Del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control |
