La Ley de Discapacidades cumplió ayer un año de vigencia sin que el Ejecutivo emita su reglamento, denunció la legisladora María Cristina Kronfle (MG-PSC), quien impulsó la aprobación de la norma. La disposición transitoria novena de la Ley señala que dicho reglamento debía expedirse dentro del plazo de 90 días a partir de la vigencia de la Ley. “Esta preocupante omisión ha provocado que varias entidades, especialmente públicas, tomen como justificativo la falta de reglamento para no aplicar ni reconocer los derechos establecidos en la Ley y en la Constitución”, refirió ella. Kronfle se refería, por ejemplo, al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) y a las empresas de servicios básicos que –según el artículo 6 de la norma vigente– otorgarán beneficios a las personas con cierto grado de discapacidad, que debe determinarse en el citado reglamento. En la sesión de la Comisión del Derecho a la Salud, que se instaló ayer en la mañana, Kronfle mocionó que se elabore una carta dirigida al mandatario Rafael Correa para insistirle en la aprobación del reglamento para la Ley. También propuso que se oficie a la ministra de Salud, Carina Vance, para que informe sobre los avances en la elaboración de la norma técnica que, según la transitoria tercera, servirá para calificar y recalificar las discapacidades. El plazo para emitirla también venció ayer. Estos textos no fueron respaldados por la Mesa, que ayer estuvo presidida por la oficialista María Alejandra Vicuña. La reunión se suspendió porque la mayoría oficialista planteó trabajar en una redacción alternativa de los pedidos para las autoridades.