Con un auditorio lleno de comunicadores del Colegio de Periodistas del Guayas, el presidente de la Comisión de Enmienda Constitucional, Juan Carlos Cassinelli, al referirse a la comunicación como servicio público que forma parte del paquete de enmiendas, indicó se busca dotar de derechos a los ecuatorianos, fijando responsabilidad en los medios de comunicación sobre el ejercicio de la profesión y el tratamiento de la información.
Recordó que en el artículo 71 de la Ley Orgánica de Comunicación ya consta que “la comunicación social que se realiza a través de los medios de comunicación es un servicio público”, por lo cual es una figura que ya ha sido analizada y aprobada en el Pleno de la Asamblea que goza de legitimidad popular, pero para su correcta aplicación es necesario elevarlo a mandato constitucional, por ello el proyecto de enmienda propone que en el artículo 384 se agregue como primer inciso que la comunicación como un servicio público se prestará a través de medios públicos, privados y comunitarios.
Explicó que al ser el espectro radioeléctrico una competencia exclusiva del Estado, su uso por los medios de comunicación es un bien público, por lo tanto, el ejercicio de sus funciones debe ser considerado como un servicio público.
Subrayó que la comunicación como servicio público no busca limitar derechos sino ampliarlos, pues la comunicación no se cierra al ejercicio mediático. Hay que hacer la distinción entre información y comunicación, por lo cual son infundados los temores de la oposición sobre una supuesta restricción a la comunicación, porque ello simplemente resulta imposible. La comunicación como tal es un proceso de intercambio de información que se realiza en todos los espacios de la vida cotidiana, añadió.
Cualquier temor que difunda sobre esta enmienda queda disipado porque la Ley de Comunicación ya consagra que la comunicación es, además de un derecho, un servicio público y ninguna profecía de la oposición se ha cumplido: la prensa continúa expresándose libremente, las personas pueden comunicarse y no hay limitaciones, solo responsabilidad si al hacerlo vulneran derechos de terceros, agregó.
El desafío que el Estado ecuatoriano ha asumido desde el 2006 es lograr que los bienes y servicios, que concretan el ejercicio de los derechos constitucionales, dejen de ser privilegio de pocos y se extiendan, en términos de cobertura y calidad, a la gran mayoría de ecuatorianos y ecuatorianas con la expectativa de lograr que, en el corto y mediano plazo, todos podamos disfrutar de ellos, subrayó.
Dijo que al igual que todo servicio público (educación, salud, administración de justicia, provisión de agua, provisión de energía, telefonía, etc.) el servicio público de comunicación debe establecer con claridad las prestaciones que lo constituyen, así como su cobertura y calidad. Al respecto, los artículos 22, 71 y 106 de la Ley Orgánica de Comunicación constituyen un enorme avance para establecer el conjunto básico de prestaciones que definen el servicio público de comunicación y su calidad, sin importar que los oferentes de dichas prestaciones sean el Estado, los actores comunitarios o los empresarios privados, enfatizó.
En otro orden, el parlamentario al referirse a la postulación para la elección precisó que eso no garantiza que un candidato sea Presidente/a, sino que necesariamente los millones de ecuatorianos en las urnas decidirán a quien eligen.
JLVN/pv
Asambleísta por Guayas | Distrito: Circunscripción 3..
