Tiene por objetivo garantizar la integridad física y personal de los miembros de este organismo, creado mediante Decreto Ejecutivo 305 de 18 de mayo de 2007 para investigar, esclarecer e impedir la impunidad respecto de los hechos violentos y violatorios de los derechos humanos ocurridos entre 1984 -1999 y otros períodos del régimen democrático. Establece que sus miembros no serán responsables por las acciones realizadas en el ejercicio de sus funciones de investigación y gozarán de inmunidad civil y penal exclusivamente por las conclusiones, recomendaciones, análisis y develamiento de las circunstancias constantes en su informe final.
