A partir de las 16:00 de hoy los integrantes de la Comisión del Derecho a la Salud conocerán el proyecto de Ley de Prevención de Drogas y Uso y Consumo de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización.
El documento establece el marco institucional para la prevención de drogas y las obligaciones de los sujetos de control y los efectos de sus incumplimientos. Contiene 25 artículos relacionados con el régimen institucional, facultades, obligaciones, faltas y sanciones administrativas y procedimiento.
Según la propuesta, para efectos de prevención y atención integral de uso y consumo, se entenderá por drogas a todas las bebidas con contenido alcohólico; cigarrillos y otros productos derivados del tabaco; sustancias estupefacientes, psicotrópicas y medicamentos que los contengan; sustancias de síntesis; y, sustancias de uso industrial y diverso como pegantes, colas y otros que son usados a modo de inhalantes.
La propuesta establece declarar de interés nacional la política pública encaminada al abordaje del fenómeno social de las drogas, así como los planes, programas proyectos y actividades que adopten o ejecuten los organismos competentes, precautelando los derechos humanos y las libertades fundamentales, mediante la participación social y la responsabilidad pública y privada, en procura del desarrollo humano dentro del marco del buen vivir o sumak kawsay.
El proyecto determina que las personas naturales y jurídicas calificadas mantendrán un registro actualizado de la siembra, cultivo, importación, exportación, producción, comercialización, almacenamiento, transporte, utilización, prestación de servicios y reciclaje de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización, debiendo reportar a la Secretaría Técnica los datos reales sobre su elaboración, existencia y venta, dentro del plazo de los diez primeros días del mes siguiente.
El incumplimiento de esta obligación será sancionado con multa de uno a tres salarios básicos unificados del trabajador en general.
El uso y consumo de drogas se ha convertido en un motivo de preocupación por sus consecuencias económicas, sociales y fundamentalmente sanitarias, puesto que han cambiado las motivaciones de las personas para usarlas o consumirlas.
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidente de la Comisión Del Derecho a la Salud | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
