Con 94 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley de Régimen Especial de la Provincia de Galápagos, que instituye el régimen jurídico administrativo al que se sujetan, en el ámbito de sus competencias, el Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos, los gobiernos autónomos descentralizados y los organismos de todas las funciones del Estado, así como las personas naturales y jurídicas, nacionales y extranjeras que se encuentran dentro o que realicen actividades en la provincia, en función de un estricto apego a los principios de conservación del patrimonio natural del Estado y del Buen Vivir.
El documento será remitido en las próximas horas al Ejecutivo para su respectiva sanción u objeción. El presidente de la Comisión de Gobiernos Autónomos, Richard Calderón, al dar a conocer los cambios que se efectuaron en el informe, dijo que es necesario que los habitantes cuenten con una normativa acorde a los principios constitucionales, a fin de mejorar el equilibrio entre mejorar la calidad de vida de la población y a la vez conservar el patrimonio de la humanidad.
A través de la normativa se determina que el Consejo de Gobierno de Régimen Especial de la provincia de Galápagos es una entidad de derecho público, con autonomía técnica, administrativa y financiera, con domicilio en Puerto Baquerizo Moreno, cantón San Cristóbal. Se encargará de la planificación, el manejo de los recursos, la organización de las actividades que se realicen en el territorio de la provincia y la coordinación interinstitucional con las instituciones del Estado, en el ámbito de sus competencias.
En este marco, debe planificar y dictar las políticas para el desarrollo y el ordenamiento territorial que deberá estar contenida en el Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos; eliminar lineamientos generales y estándares para el ejercicio de la competencia de uso y gestión del suelo en la provincia en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados, exceptuando las áreas protegidas; planificar, construir y mantener el sistema vial provincial que no incluya zonas urbanas, entre otros aspectos.
Se crea la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, como un órgano ejecutivo del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos, encargado de ejecutar las resoluciones y acuerdos adoptados por el Pleno del Consejo de Gobierno y de apoyar técnicamente a las instituciones públicas que tienen incidencia en la provincia de Galápagos, en el marco del Plan para el Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial de Galápagos.
La reserva marina de Galápagos se somete a la categoría de Reserva Marina, de uso múltiple y administración integrada, de acuerdo con la Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre.
La propuesta establece que el Pleno del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos fijará tasas y contribuciones por conservación de áreas naturales protegidas, ingreso de embarcaciones, movilidad humana, transporte, prestación de servicios públicos en el marco de sus competencias.
Los tributos que se creen en el Régimen Especial de la provincia de Galápagos deberán estar orientados a otorgar un beneficio al contribuyente por la prestación efectiva de un servicio público de buena calidad y que permita el cumplimiento de satisfacer las necesidades de la población observando los principios de accesibilidad, calidad, continuidad, eficiencia, equidad, generalidad, obligatoriedad, responsabilidad, uniformidad y universalidad, conservar el patrimonio natural del Estado; promover el desarrollo sostenible y equitativo del régimen especial de la provincia de Galápagos y contribuir para el desarrollo de iniciativas económicas, ambientales y turísticas de la ciudadanía.
Prevé que todos los residentes temporales de la provincia de Galápagos mayores de 12 años, así como los nuevos residentes permanentes están obligados a participar en un curso de capacitación sobre “Conservación de Recursos Naturales, Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable” que se impartirá por la Secretaría Técnica del Consejo de Gobierno del Régimen Especial de la provincia de Galápagos.
En proyecto determina cuatro categorías migratorias y de residencia: residente permanente, temporal, turista y transeúnte.
En cuanto a la actividad turística se señala que se basará en el fortalecimiento de la cadena de valor local y la protección del usuario de servicios turísticos, así como en los principios de sostenibilidad, límites ambientales, conservación, seguridad y calidad de los servicios turísticos. Se desarrollará a través de los modelos de turismo de naturaleza, ecoturismo, de aventura y otras modalidades que sean compatibles con la conservación de los ecosistemas.
Los permisos de operación turística se otorgarán preferentemente a los residentes permanentes, serán intransferibles e intransmisibles y no podrán ejercerse a través de terceros. Además se establece el régimen sancionatorio relativo a las infracciones administrativas que afectan a los ecosistemas de la provincia, por tanto, se establecen infracciones ambientales, migratorias, administrativas y de bioseguridad.
A través de las disposiciones generales se determina que los residentes temporales que mantengan contratos de trabajo en la provincia de Galápagos tendrán relación de dependencia únicamente con el patrono que solicitó su ingreso a la provincia. En caso de que por cualquier motivo se termine dicha relación jurídica, se extinguirá de pleno derecho la residencia temporal del trabajador.
Las remuneraciones del trabajador del sector privado de la provincia de Galápagos se pagarán con un incremento del 75% con relación a las escalas salariales aplicadas por el Ministerio rector del trabajo en el continente.
Asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas | Presidente de la Comisión Del Derecho a la Salud | Movimiento Patria Altiva i Soberana Visita mi Perfil
