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Jueves, 09 de abril del 2015.- En la sesión 320 del Pleno, legisladores de distintas agrupaciones políticas dieron sus aportes al proyecto de Ley Orgánica de Prevención Integral de Drogas, Uso de Sustancias Catalogadas Sujetas a Fiscalización, que articula política pública relacionada con el abordaje del fenómeno de las drogas.
En la sesión, el asambleísta Paco Fierro dijo estar de acuerdo en cumplir con la Constitución que reconoce y pone una diferencia entre el narcotráfico y la persona que consume drogas. Este tema es un problema de salud por tanto, debe tener un tratamiento en ese sentido y buscar ayudar a esas personas que usan drogas para que salgan del consumo, afirmó
En cambio, la legisladora María Alejandra Vicuña precisó que para romper el paradigma que ha hecho tanto daño a la humanidad sobre el uso y consumo de drogas, es necesario abordar el problema desde todas las dimensiones, al tiempo que expresó que es necesario definir las competencias de la Secretaría Técnica y del Comité Interinstitucional.
Por su parte, María José Carrión indicó que el fenómeno de las drogas afecta a diferentes aristas de la sociedad y aborda temas complejos que fueron ya tratados en el seno legislativo como el tráfico, narcotráfico que está penalizado en el Código Orgánico Integral Penal. Señaló que no es cierto que a través de la normativa se despenalicen estos aspectos. El problema de las adicciones es de salud pública y, por lo tanto, hay que tener una mirada integral y ecuatoriana, subrayó.
Por su parte, el asambleísta Ramiro Aguilar señaló que en el proyecto debería constar las competencias del Comité Interinstitucional y no en el reglamento, además no se establece los requisitos para quienes integrarán este organismo.
Antonio Posso dijo que el tema de la droga es de salud pública y sin duda se convierte en un tema de pandemia universal, porque “todos sabemos que cuando hay quienes adquieren droga, siempre habrá oferentes en cualquier parte”. Hizo reparos a la creación de la nueva institucionalidad, conformada por el comité interinstitucional y la Secretaría Técnica de Drogas, así como INMOBILIAR que se haría cargo del control, uso, manejo de todos aquellos activos que tienen que ver con la incautación de bienes a los narcotraficantes. A su criterio es suficiente que exista la Secretaría Técnica de Drogas.
Entre tanto, la parlamentaria Blanca Argüello manifestó que a través del proyecto se crea un marco legal e institucional para abordar el fenómeno social de la droga con enfoque de prevención integral, sus riesgos y daños asociados, así como la regulación y control de las sustancias catalogadas y sujetas a fiscalización, a la vez que recordó que en el COIP se norma claramente la tenencia y posesión de cantidades máximas. El comité interinstitucional debe integrarse con actores de la seguridad, educación, salud, desarrollo social y Cancillería, sostuvo.
Luis Tapia expresó que le llama la atención que en la parte considerativa del texto se haga referencia al Plan Nacional del Buen Vivir como fuente de derecho previo a la redacción de la norma, por lo que sugirió se elimine este particular del cuerpo legal porque bajo ningún punto de vista se puede elevar este documento a categoría de fuente de derecho. Se está creando una Secretaría Técnica que tendría funciones ilimitadas, lo cual violenta el artículo 226 de la Constitución, aseveró.
La legisladora Vanesa Fajardo puntualizó que es importante saber cómo llegar a nuestros jóvenes en el campo de prevención de drogas. María Cristina Kronfle señaló que la lucha contra las drogas es una mentira, más aún cuando a los ocho años recién se crea un centro de salud para adicciones tras señalar que algunas disposiciones del proyecto ya constan en el Código Integral Penal.
Diego Vintimilla afirmó que Ecuador es un país de paso de drogas y el proyecto tiene que responder a un contexto regional e internacional. La penalización se debe realizar sobre la venta y tráfico de drogas. Rita Matías subrayó que las drogas constituyen un tema polémico y afecta a la salud. Opinó que el Comité Interinstitucional debe conformase con delegados de entidades públicas, de la academia y de la sociedad civil.
Mientras que el legislador César Umaginga señaló que el tema de drogas es bastante sensible en la actualidad. María Soledad Vela pidió clarificar el uso de plantas por parte de los pueblos indígenas originarios y comunidades indígenas, en actos rituales.
La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en ejercicio de la Presidencia, Rosana Alvarado, suspendió la sesión, a fin de continuar el debate en otra oportunidad.
