PROYECTO DE LEY DE TELECOMUNICACIONES ES FUNDAMENTAL PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Parlamentarios de distintas bancadas partidistas resaltaron que el proyecto de Ley de Telecomunicaciones es fundamental para el desarrollo tecnológico del país, argumentando que se crean reglas claras de acuerdo a la realidad nacional que permita mejorar la calidad de servicios públicos y privados en telecomunicaciones y genera mejores condiciones de competencia y equilibrio entre los prestadores de servicios.
La legisladora Alexandra Ocles comentó que la Ley de Telecomunicaciones busca profundizar la defensa de los derechos de los usuarios y promueve claridad en el pago de tarifas y el tema de redondeo. Pidió definir incentivos para que las operadoras puedan ampliar la cobertura en áreas urbano marginales y rurales.
René Yandún dijo que es necesaria la modernización de las leyes de acuerdo con los avances tecnológicos que vive el Ecuador, a la vez que sugirió que no se suprima la Superintendencia de Telecomunicaciones; mientras que el legislador Richard Farfán precisó que en la normativa se debe garantizar los derechos de 400 mil personas con discapacidad.
Por su parte, el legislador Hermán Moya propuso que se determine el derecho de devolución cuando el usuario no se encuentre satisfecho con el servicio contratado. En cambio el parlamentario Luis Fernando Torres aseveró que el Ministro de Telecomunicaciones tendrá un rol protagónico en la regulación y control de telecomunicaciones.
La asambleísta Zobeida Gudiño señaló que con la Ley de Telecomunicaciones el Estado recupera su rectoría del espectro radioeléctrico, a la vez que indicó que es derecho de todos los ecuatorianos acceder a servicios de calidad que prestan las operadoras en idiomas oficiales del Ecuador. Planteó que las operadoras determinen programas de responsabilidad social que contribuyan al desarrollo nacional. Pablo de la Torre solicitó que la Ley de Telecomunicaciones tome en cuenta derechos de los territorios colectivos, conforme la norma constitucional.
El legislador Moisés Tacle expresó que las medidas para evitar prácticas monopólicas no ha dado resultados positivos. La mayor preocupación de los ecuatorianos son las altas tarifas que pagamos por telefonía móvil que es la más alta de América Latina, expresó.
Fabián Solano pidió que en la facturación por servicios de consumo de telefonía móvil se elimine cualquier tipo de redondeo; mientras que la legisladora Rosa Elvira Muñoz propuso que la información sobre servicios de telefonía se realicen en el idioma de relación intercultural y subrayó que en las zonas urbano marginales se debe dotar de servicios de telefonía fija, móvil y de internet.
Mae Montaño al referirse al tema del desarrollo de competencia dijo que en la propuesta se ve la presencia de nuevos tributos, tras indicar que hay una brecha digital en el país, pues solo el 30% de la población tiene acceso a internet. Verónica Guevara opinó que las telecomunicaciones propician el desarrollo económico y tecnológico del Ecuador y es de vital importancia para el desarrollo de la sociedad. Henry Cucalón aseveró que la normativa es inconstitucional, ya que contiene prácticas discriminatorias y afecta a la eficiencia.
Gina Godoy indicó que la actual ley permitió la existencia de sitios clandestinos de telefonía, administrados por miembros de exPacifictel. Solicitó que se garantice a la población el acceso a la tecnología y que en la propuesta se contemple el lenguaje inclusivo
Fausto Terán sugirió definir reglas claras en cuanto a la apertura para nuevas operadoras telefónicas. Patricio Donoso comentó que el mundo entero está plagado de emprendedores a través de inversión, buen servicio y captación de usuarios. Ahora el emprendimiento está siendo castigado en el país, dijo.
JLVN/pv
Nacida en Cuenca, es Doctora en Jurisprudencia y Comunicadora. Actual Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional. En 2007 fue electa como Asambleísta Constituyente y formó parte de la Comisión de Legislación y Fiscalización, Vicepresidenta de la Comisión Especializada de lo Civil y Penal, y Vocal de la Comisión Especial de Fiscalización y Control Político. En 2009, fue electa Asambleísta por la Provincia del Azuay y desempeñó el cargo de Presidenta de la Comisión Permanente de la Biodiversidad y Recursos Naturales. Previamente estuvo vinculada a la investigación académica universitaria, fue coordinadora de programas de gobierno y liderazgo; asesora y capacitadora en temas vinculados al desarrollo, descentralización y gobernabilidad.
