El Pleno de la Asamblea Nacional culminó el primer debate del proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública, ingresado con el carácter de urgente en materia económica, cuyo objetivo es garantizar una administración pública íntegra, eficiente, ágil, transparente y libre de violencia y corrupción.
Durante el debate, la legisladora ponente del informe, Valentina Centeno, subrayó que la normativa busca fortalecer la integridad pública y la eficiencia en los servicios que el Estado presta a la ciudadanía.
Centeno lamentó la creciente influencia de los grupos de crimen organizado en las generaciones más jóvenes. En ese contexto, señaló que, en 2024, fueron detenidos 2.777 menores de edad por diversos delitos. Por ello, la propuesta incluye una disposición para que, en casos de delitos graves cuya pena supere los 10 años, los menores de edad sean sancionados conforme al Código Orgánico Integral Penal (COIP), es decir, como adultos.
Asimismo, se incorpora un nuevo delito: el prevaricato cometido por jueces y fiscales. La propuesta legal también contempla un capítulo robusto sobre contratación pública, el rediseño de procedimientos, reformas al servicio público, entre otros aspectos relevantes.
Entre las intervenciones, se destacó que la contratación pública tiene un alto impacto en la economía nacional. Por ejemplo, en el 2024 se adjudicaron contratos por 73 millones de dólares, 76 millones por lista corta y 25 millones mediante concurso público, lo que representó el 6,5 % del Producto Interno Bruto (PIB).
Asimismo, se advirtió que entre el 10 % y el 30 % de los recursos destinados a proyectos financiados con fondos públicos se pierden a causa de la corrupción.
Los representantes de las diferentes bancadas coincidieron en la necesidad de garantizar el correcto uso de los recursos públicos. Plantearon evitar la manipulación del Sistema Nacional de Contratación Pública en diversos procedimientos, fortalecer las economías locales y asegurar el pago oportuno a los proveedores.
Luego de la intervención de 18 legisladores, la presidenta encargada Mishel Mancheno cerró el primer debate y dispuso la continuación del trámite legislativo a cargo de la Comisión de Desarrollo Económico.
AM
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