Luego de conocer la solicitud del asambleísta Roque Ordóñez, la Comisión de Garantías Constitucionales, Derechos Humanos, Derechos Colectivos y la Interculturalidad decidió, con 10 votos, iniciar un proceso de fiscalización respecto a la presunta entrega de bonos y ayudas sociales por parte del Gobierno Nacional durante el reciente período de campaña electoral.
El legislador fundamentó su requerimiento en la necesidad de garantizar la transparencia, la equidad electoral y el ejercicio del control político que le corresponde como miembro de la Asamblea.
Ordóñez recordó que la entrega de beneficios estatales en un contexto electoral podría constituir una vulneración al principio de equidad en la competencia democrática, conforme lo establece el artículo 115 de la Constitución, que prohíbe expresamente el uso de recursos públicos con fines proselitistas.
Al inicio de la sesión, los legisladores conocieron las directrices emitidas por la Secretaría General de la Asamblea Nacional respecto al trabajo de las Comisiones Especializadas, en lo concerniente al Plan de Trabajo y la Agenda Parlamentaria; transparencia documental; metodología de seguimiento y evaluación; posición sobre los vetos por inconstitucionalidad; cumplimiento de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública; archivos de proyectos, entre otros temas.
Al respecto, la Comisión establecerá un cronograma de actividades acorde con los tiempos disponibles, con el objetivo de llevar adelante una fiscalización rigurosa y eficiente.
RSA
