La Comisión de Desarrollo Económico, con ocho votos a favor, aprobó el informe para primer debate del proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, calificado como urgente en materia económica.
La propuesta se refiere a los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados (FCPC) administrados por el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), a los fideicomisos y a la necesidad de dotar de herramientas para generar liquidez.
El informe señala que el Biess atraviesa una crisis relacionada con la “administración deficitaria de los FCPC y la alarmante inmovilización de capital en negocios fiduciarios”.
Actualmente, el banco administra alrededor de USD 310 millones pertenecientes a estos fondos privados, que agrupan a 46.248 partícipes. Sin embargo, esta labor genera pérdidas sistemáticas. Solo en 2024, los costos operativos de administración ascendieron a USD 221.715,22 millones, mientras que los ingresos por comisiones fueron de apenas USD 102.112,88 millones.
Aún más preocupante resulta la inmovilización de capital en negocios fiduciarios. El Biess tiene invertidos USD 310,6 millones en un portafolio de 36 fideicomisos distribuidos en 14 provincias. De este total, el 59,70 % corresponde a 31 fideicomisos inmobiliarios y el 39,44 % a 4 fideicomisos estratégicos. El problema central es que una parte sustancial de esta inversión permanece estancada.
Previo a la votación y al análisis, el presidente de la comisión, Diego Franco, explicó los puntos principales de la propuesta legal en torno a la cartera hipotecaria, quirografaria y prendaria; la gestión de fideicomisos; el plazo para la transición de los fondos previsionales; la remoción de altos cargos en el IESS, entre otros aspectos.
“Este informe no se construyó a puerta cerrada; se ha escuchado no solo a personas que están a favor, sino también a legisladores que han manifestado discrepancias. Es una construcción colectiva, y lo destacamos siempre”, señaló Franco.
En el debate se examinó la concordancia de la normativa con el contenido del artículo 372 de la Constitución, respecto a los fondos previsionales públicos y sus inversiones.
La mesa legislativa, durante la etapa de socialización, realizó siete sesiones, en las que se recibieron 17 observaciones por escrito de ciudadanos, gremios, organizaciones y actores públicos y privados.
El ponente del informe es el asambleísta Diego Franco, presidente encargado de la mesa legislativa que tramitó el proyecto de ley.
AM
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